El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5400, que establece que los vehículos habilitados para el uso de Gas Natural Vehicular (GNV) solo podrán acceder a gasolina y diésel subvencionados dentro de un límite de consumo definido por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En caso de exceder ese tope, deberán pagar los carburantes a precio internacional.
Según el artículo 3 del decreto, la ANH será la encargada de fijar una metodología de “parametrización” del consumo para estos vehículos, la cual deberá ser aprobada en un plazo máximo de 15 días hábiles después de la publicación del Decreto, es decir, a partir de la segunda semana de junio. Una vez superado ese volumen, los propietarios deberán adquirir gasolina o diésel al costo internacional, determinado también por la entidad reguladora.
Además, las estaciones de servicio que no se adecúen a los parámetros tecnológicos y administrativos establecidos por la ANH para la venta controlada de combustibles serán sancionadas con una multa equivalente a 40.000 UFV (más de Bs 100.000), previa comprobación de la infracción a través del debido proceso.
En cuanto al abastecimiento en bidones, se mantiene el límite mensual de hasta 120 litros dentro del país y 50 litros en zonas fronterizas. Quienes no se registren mediante el formulario electrónico de la ANH deberán pagar también el precio internacional por estos volúmenes.
La medida busca frenar el desvío de combustibles subvencionados hacia el contrabando o la reventa ilegal. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, respaldó la decisión y señaló que forma parte de una estrategia de control de la demanda y lucha contra la especulación y el contrabando. “Es coherente que vehículos convertidos a GNV, con equipamiento subsidiado por el Estado, no estén cargando gasolina o diésel en volúmenes desmedidos”, afirmó.
Romero agregó que algunos motorizados cargaban hasta 1.500 litros de carburante por semana, lo que evidencia irregularidades y un posible esquema de reventa. “No se puede mantener una sobreimportación más allá de la demanda real. Esta política busca preservar la estabilidad de la subvención estatal”, remarcó.
La ANH y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) deberán adecuar sus sistemas y reglamentar el procedimiento en los próximos días, mientras el Ministerio de Hidrocarburos y Energías está encargado de la ejecución del decreto.
