La Fiscalía anuló la causa por el desfalco del Fondo Indígena que estaba en curso contra Julia Ramos, la dirigente campesina de Tarija elegida vicepresidenta de la facción del MAS que apoya al gobierno de Luis Arce. La decisión desató críticas, incluso contra Evo Morales.
Estas reacciones llegaron desde varios flancos debido al impacto que tuvo este caso de corrupción por la pérdida cercana a los $us 200 millones que sufrió el Estado boliviano.
Estos recursos, originados en la abundante renta petrolera de la pasada década, deberían ser invertidos en proyectos de desarrollo que fueron desviados a fines particulares.
Andrés Flores, diputado de la facción del MAS leal al presidente Arce, afirmó que en este caso no está implicado el presidente porque corresponde a la Justicia. Eso sí, apuntó a Evo Morales, porque fue durante su larga gestión (2006-2019) que estalló este escándalo.
“En 2015, nuestro expresidente Evo Morales ha prebendalizado con el Fondo Indígena a las organizaciones entes matrices”, apuntó el legislador respecto al uso político y de movilización social que tuvo su gobierno a merced de estos recursos.
Flores recordó que hace nueve años, cuando él formaba parte de las bases del MAS, estaba al tanto de que llegaban recursos de ese Fondo.
“Nos informaban que daban dos millones de bolivianos de fortalecimiento institucional que apoyaba a las organizaciones. ¿Y qué hacían los dirigentes nacionales? Hacían talleres, pero nunca se llegaban talleres”, afirmó.
El actual viceministro de Desarrollo Rural, Ramiro Guerrero, fue fiscal general del Estado entre 2013 y 2018. Fue en esos años en los que estalló en desfalco millonario del Fondo Indígena. En 2017, siendo la principal autoridad del Ministerio Público, Guerrero instruyó cerrar el caso.
“He instruido a los fiscales que están viendo el caso ir cerrando y emitiendo resoluciones que correspondan, en este caso una resolución final de acuerdo al análisis y la valoración objetiva que ellos puedan hacer con una acusación formal o sobreseimiento”, dijo Guerrero el 7 de diciembre de 2017, de acuerdo con los archivos de EL DEBER.
En marzo de 2023 el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que la exdirectora del Fondo Elvira Parra, que estuvo como detenida preventiva más de siete años, y Ramos, quien fue ministra de Desarrollo Rural, no tenían ninguna responsabilidad y prometió retirar la acusación.
Un año después, justo en marzo de este año, Ramos reclamó el cumplimiento de esa promesa. Sucedió justamente en un acto del Ministerio de Desarrollo Rural, donde Guerrero —el exfiscal— trabaja en la actualidad. El lunes, Ramos informó que el caso fue cerrado.
El gran caso de corrupción
La denuncia del desfalco del Fondo Indígena generó 157 procesos legales. Las pesquisas comenzaron en 2014 y entre las implicadas estuvo Nemesia Achacollo y Ramos, dos de las ministras del gabinete de Morales, además de dirigentes sociales.
La denuncia fue sustanciada por Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena en 2015. Sin embargo, fue acusado y estuvo siete años en prisión donde murió por efecto de un ACV en 2022. Aramayo fue torturado y recorrió todas las cárceles del país.
Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas fue creado vía decreto el 22 de diciembre de 2005 en el gobierno de Eduardo Rodríguez. Su objetivo era ejecutar, “bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación”, el 5% de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
El “despilfarro y desfalco” en esa entidad alcanzó los $us 182,7 millones en 1.032 proyectos, según investigaciones preliminares de la Fiscalía. De esta merma, sólo se recuperaron $us 1,4 millones. Al momento, no existen personas detenidas bajo este caso.
Más reacciones
La diputada, Luisa Nayar (CC), manifestó que el sobreseimiento de Aramayo se produjo pese a que Aramayo “fue torturado y perdió la vida en prisión”
En tanto que la senadora de Creemos, Centa Reck, dijo que el sobreseimiento a Julia Ramos demuestra que la justicia “sometida usa los juicios como moneda de cambio para beneficiar a los acólitos al arcismo y perseguir a la oposición”.
El 1 de diciembre de 2015, Ramos fue detenida preventivamente en la cárcel de Obrajes de La Paz, acusada de los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica e incumplimiento de contratos por irregularidades.
Dos años después lograría la detención domiciliaria y desde entonces acudía a sus audiencias, aunque el caso nunca avanzó. En febrero de 2019 ella planteó su sobreseimiento porque la fiscalía no encontraba ninguna prueba en su contra.
En tanto que el diputado Renán Cabezas, de la facción evista del MAS, indicó que muchos líderes políticos, que tienen cuentas con pendientes con la justicia han sido perdonados o anulados sus procesos por el gobierno de Luis Arce.
“¿Por qué dejan sueltos los casos? Todo aquel ciudadano y ciudadana que haya cometido algún ilícito debe pagar su culpa en la cárcel, para eso debe existir un debido proceso y alguien debe impulsar. El Órgano Judicial obedece a las instrucciones del Ejecutivo”, remarcó.
De su lado, la diputada Ninoska Morales (MAS-arcista) consideró que Ranis debe someterse a un nuevo proceso en el caso, para demostrar su inocencia con el descargo de los recursos que le fue entregado y que así el Instrumento Político también quede tranquilo.
“La justicia realizó su trabajo y realizó la investigación correspondiente. Dentro de un equipo no se puede sindicar y decir que todos fueron los que cometieron delitos de corrupción”, dijo.
Mientras que Carlos Arrayaza, dirigente intercultural, señaló que el único responsable de este sobreseimiento es el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ya que considera que la justicia no debe parcializarse con el ‘arcismo’ y retractarse.
