El proceso de preselección de candidatos a magistrados en Bolivia se ha visto nuevamente suspendido debido a controversias legales. Los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, que fueron afectados por amparos constitucionales presentados por candidatos inhabilitados, no lograron cumplir en el plazo establecido con los fallos judiciales. Esta situación llevó a que uno de los candidatos, Charles Fernando Mejía Cardozo, interpusiera una demanda argumentando el incumplimiento del plazo, lo cual resultó en una orden judicial para paralizar las pruebas orales de los aspirantes.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Beni emitió una medida cautelar ordenando la suspensión del cronograma de exámenes dentro de la convocatoria pública. Esta decisión obligó a los legisladores a suspender nuevamente el proceso de preselección, a pesar de haber obtenido el aval de la Asamblea para continuar desde el 6 de junio.
Tras casi un mes de inactividad, las comisiones mixtas decidieron reanudar sus sesiones solo para encontrarse con la acción de amparo presentada por Mejía Cardozo. Esta demanda exige que se cumpla con la notificación de la resolución constitucional, que no ordena la rehabilitación directa del candidato, sino que la comisión mixta de Justicia revise nuevamente su inhabilitación.
La decisión de suspender el proceso fue tomada luego de un breve debate entre los legisladores, quienes acordaron interrumpir el proceso, notificar a los candidatos y resolver rápidamente las demandas presentadas por los 35 candidatos inhabilitados. A pesar de las críticas, los legisladores no admitieron su responsabilidad por no haber reanudado las actividades desde junio, citando el cansancio por las numerosas demandas recibidas.
Además de las 35 demandas presentadas, hay otros 41 pedidos de postulantes solicitando reconsideración antes de recurrir a la justicia, lo cual complica aún más el proceso de preselección y las garantías de imparcialidad y transparencia en el sistema judicial boliviano.
