Aquiles Sotillo, director de Asuntos Contenciosos del Servicio Jurídico de la Gobernación de Santa Cruz, acudió este lunes al Ministerio Público para presentar una denuncia formal y exigir una investigación exhaustiva sobre la intoxicación alimenticia que afectó al personal de salud involucrado en la reciente campaña antirrábica en la región. Este incidente, que tuvo lugar el fin de semana pasado, dejó a más de 200 brigadistas enfermos, de los cuales 29 tuvieron que ser hospitalizados debido a la gravedad de su condición.
Sotillo, en sus declaraciones, manifestó que la denuncia se centra en dos aspectos principales: atentados contra la salud pública y el posible incumplimiento de deberes. «Hemos presentado una denuncia para que se investiguen los hechos. Los delitos son atentados contra la salud pública, aunque se ha identificado algunas irregularidades en el proceso de contratación dentro de la institución, por lo que también se ha denunciado por incumplimiento de deberes», indicó Sotillo. La Gobernación ha iniciado un análisis detallado del proceso de contratación para determinar si hubo negligencia o mala praxis en la contratación de los servicios de alimentación para los brigadistas.
El abogado subrayó que la denuncia se dirige tanto contra los representantes de las empresas contratadas como contra los funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) que suscribieron los contratos, por no haber cumplido con los procedimientos administrativos requeridos. «Es un proceso que está iniciando su investigación y vamos a tener total transparencia», aseguró Sotillo, dejando en claro que la Gobernación no tolerará irregularidades que pongan en riesgo la salud del personal.
La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) también ha expresado su preocupación y ha exigido que se realice una investigación profunda. Rocío Rivera, secretaria general de la federación, criticó duramente a las autoridades por intentar minimizar la gravedad del incidente, que ha tenido un impacto significativo en los profesionales de salud involucrados. «No podemos permitir que se reste importancia a un hecho que claramente es un atentado contra la salud pública», declaró Rivera, subrayando la necesidad de que se tomen acciones concretas para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.
