Cuatro personas responsables de incendios forestales en los municipios de San Ignacio de Velasco y El Puente, en Santa Cruz, fueron condenadas por la justicia a realizar labores de reforestación en las zonas que afectaron, plantando un total de 400 árboles nativos de las tierras bajas de Bolivia. La medida es parte de las acciones judiciales para combatir el daño ambiental causado por los incendios.
El primero de los sentenciados, Grover Condori Delgadillo, de 42 años, fue procesado mediante un procedimiento abreviado en el que admitió su culpabilidad por el delito de incendio. En las jornadas de descongestionamiento carcelario en Palmasola, fue condenado a tres años de prisión. Róger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, informó que además de la pena carcelaria, Condori Delgadillo deberá plantar 100 árboles de la especie bibosi en la Reserva Forestal de Guarayos, en el municipio de El Puente, donde fue sorprendido quemando terrenos el 26 de julio.
Mariaca subrayó que, bajo instrucciones del Fiscal General del Estado, se están priorizando las investigaciones de incendios forestales. Este caso fue detectado en julio, y tras la aprehensión de Condori, se le dictó detención preventiva antes de que optara por el procedimiento abreviado. Además, como parte de su sentencia, se le impuso la obligación de reforestar la zona afectada.
Robin Justiniano, jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), destacó que esta condena no solo representa un avance en la lucha contra los incendios forestales, sino que también refuerza el compromiso con el medio ambiente, al imponer una sanción que incluye la reforestación de los terrenos destruidos.
En un segundo caso, los otros tres responsables —Domingo Ramírez Siles, Luis Chamo Oscarita y Edwin Rodríguez Poma— fueron igualmente sentenciados a tres años de prisión tras declararse culpables de provocar incendios y atentar contra la salud pública. Estos individuos, también capturados en flagrancia, recibirán la medida adicional de plantar 100 plantines cada uno de las especies de tajibo y bibosi en la comunidad San Vicente B, ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco, donde fueron sorprendidos iniciando un incendio el 22 de julio.
Justiniano subrayó la importancia de este fallo, señalando que por primera vez en la historia judicial del país, los condenados por incendios forestales no solo recibirán una pena privativa de libertad, sino que también tendrán la obligación de aprender y comprometerse con la reforestación de las áreas que ellos mismos destruyeron. Para él, este es un hito que refleja un profundo compromiso con la protección del medio ambiente.
