Los incendios forestales en Bolivia han desatado una serie de tensiones en la región de Ascensión de Guarayos, donde los ganaderos locales enfrentan graves daños y ahora, a su preocupación por el fuego, se suman notificaciones emitidas por la Unidad Operativa de Bosque y Tierra (UOBT). Estas notificaciones, que podrían desencadenar sanciones y procesos legales, han generado una fuerte respuesta por parte de la Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarayos (Agagua), que denuncia que los verdaderos responsables de los incendios, como grupos interculturales y campesinos asentados ilegalmente en tierras fiscales y reservas forestales, no están siendo procesados con la misma celeridad.
Ernesto Mercado, presidente de Agagua, expresó su indignación, argumentando que los ganaderos son víctimas del fuego, ya que ningún productor incendiaría el pasto que alimenta a su ganado y sustenta su sustento. Mercado explicó que muchas propiedades ganaderas han sido destruidas por incendios provocados fuera de sus predios, y sin embargo, los ganaderos están recibiendo notificaciones y enfrentando posibles sanciones elevadas, que incluso podrían llevar a la reversión de sus tierras. El Decreto 5203 ha incrementado significativamente las multas, lo que añade una nueva carga sobre los productores.
El impacto de los incendios es devastador. Según Agagua, las pérdidas económicas ascienden a más de 11 millones de dólares, con la mitad del hato ganadero de la región afectado y unas 250 reses muertas hasta la fecha. Además de la falta de alimento, las infraestructuras ganaderas, como corrales y maquinaria, han sido destruidas, exacerbando la crisis en la región.
Salvador Vaca, presidente del Comité Cívico de Guarayos, también se pronunció al respecto, denunciando que las quemas son parte de un plan de ciertos grupos para consolidar asentamientos y traficar tierras, y criticó que las leyes permiten desmontar y quemar áreas considerables. Los cívicos rechazan que las notificaciones afecten a los ganaderos y no a los verdaderos responsables, quienes suelen actuar de manera clandestina, camuflados en áreas como las que se vieron en el conflicto de Las Londras.
Ante la crítica situación, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, anunció que las Fuerzas Armadas intensificarán los patrullajes para combatir los incendios en las áreas afectadas. También señaló que manejan tres hipótesis sobre el origen de los incendios: uso indebido del fuego, intentos de apropiación de tierras fiscales, e incluso posibles intereses políticos. A su vez, el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Luis Roberto Flores, informó que se han iniciado cientos de procesos administrativos y penales contra los responsables, tanto en propiedades privadas como en comunidades campesinas e interculturales.
En cuanto a la respuesta operativa, el Gobierno ha reforzado el combate aéreo con la incorporación de más aeronaves, como aviones Electra Tanker y Hércules, que se suman a los esfuerzos por contener los incendios en la región de la Chiquitania y otras áreas afectadas. A pesar de estos esfuerzos, el humo ha causado interrupciones en los vuelos, afectando a miles de pasajeros y suspendiendo operaciones en varios aeródromos del país, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Viru Viru.
