La crisis política en Bolivia se profundiza con 16 días de bloqueos en carreteras liderados por sectores afines a Evo Morales, en un conflicto que parece lejos de resolverse. La jornada de violencia vivida el martes en Mairana dejó más de 30 policías heridos, lo que evidencia el aumento de las tensiones y la posibilidad de que los bloqueos se extiendan a otras regiones del país.
Marcel Claure Quezada, presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), informó que actualmente existen 26 puntos de bloqueo activos. Sin embargo, los sectores evistas aseguran que el número real supera los 45 y que seguirá incrementándose. Humberto Claros, miembro del Estado Mayor del Pueblo, advirtió que las protestas entrarán en una fase “más conflictiva”, con el objetivo de exigir la renuncia del presidente Luis Arce Catacora. Claros dejó en claro que las movilizaciones no tendrán tregua, alegando que cualquier pausa sería utilizada por el Gobierno para apresar a los líderes del movimiento.
En declaraciones a medios radiales, Claros reiteró que la demanda de renuncia de Arce aún no es una posición oficial del Pacto de Unidad, aunque aseguró que pronto será debatida. Estas afirmaciones coinciden con las declaraciones de Evo Morales, quien expresó su intención de seguir resistiendo al Gobierno. “No me voy a rendir ni me voy a vencer. He estado muchas veces en la cárcel y no tengo miedo. No me voy a ir de Bolivia. Con mi pueblo vamos a resistir y derrotar a este gobierno corrupto y narco”, dijo Morales, apelando a la unidad de los movimientos sociales.
A pesar de la violencia en Mairana, donde varios policías resultaron heridos, Claros restó importancia a la situación y señaló que también hubo bloqueadores afectados por el uso de gases lacrimógenos. Según él, esto ha generado malestar entre los pobladores locales. El dirigente también denunció que los campesinos heridos no reciben atención médica adecuada, ya que temen ser detenidos por la policía en los centros de salud, en referencia a experiencias pasadas en otros conflictos, como en Parotani.
Por su parte, Gualberto Arispe, diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) y cercano a la facción evista, adoptó un tono más moderado. Si bien condenó la violencia, atribuyó la escalada del conflicto a la “terquedad” del Gobierno y señaló a Luis Arce y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como los principales responsables de la crisis. Arispe afirmó que el presidente Arce ha perdido apoyo popular y ahora depende únicamente de las fuerzas policiales y militares para mantenerse en el poder.
La situación en Mairana ha endurecido la postura de los bloqueadores, quienes insisten en continuar con las protestas hasta lograr sus objetivos. Claros advirtió que el creciente malestar entre los movimientos sociales podría ser el preludio del fin del Gobierno de Arce. “Se está poniendo la soga al cuello”, afirmó, sugiriendo que la provocación policial ha desencadenado una reacción inevitable de los sectores movilizados.
Mientras tanto, el Gobierno enfrenta una escalada de violencia sin precedentes, con actores sociales cada vez más radicalizados y con pocas señales de disposición al diálogo.