Los 63 campesinos detenidos en Cochabamba y trasladados a La Paz enfrentarán juicio en la sede de Gobierno, debido a un decreto promulgado en 2009 por el expresidente Evo Morales. Esta norma, el decreto 138, estipula que las personas acusadas de terrorismo o alzamiento armado deben ser juzgadas en La Paz, sede de las principales instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta decisión fue tomada tras los eventos de 2009 en el hotel Las Américas, donde el gobierno de Morales intervino para evitar que acusados por terrorismo fueran procesados en Santa Cruz.
Actualmente, los campesinos son imputados por nueve delitos graves, entre ellos terrorismo, alzamiento armado, tráfico de armas y secuestro, además de otros relacionados con la seguridad y la soberanía del Estado. Aunque ahora Morales no está en el poder, esta disposición sigue vigente y se aplica incluso a sus propios seguidores, algunos de los cuales han expresado apoyo hacia el expresidente en su defensa contra diversas acusaciones.
Aparte de la obligación de enfrentar un proceso en La Paz, los acusados podrían enfrentar la incautación de sus bienes, según los artículos 4 y 5 del decreto, mediante la intervención de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi). La normativa, en efecto, incluye fuertes sanciones y medidas cautelares que consolidan un proceso judicial en La Paz, bajo la supervisión de las autoridades actuales, entre ellas el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, quienes también participaron en la promulgación del decreto original en 2009.
