El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una histórica resolución en la que establece que el expresidente Evo Morales no podrá postularse nuevamente para la presidencia de Bolivia. Este fallo, que ratifica la prohibición de un tercer mandato, ha generado una intensa reacción en el ámbito político boliviano. Mientras algunos celebran la decisión como un triunfo de la democracia, el sector afín a Morales, conocido como el “evismo”, cuestiona la sentencia, acusando al Gobierno de influir en la determinación para favorecer los intereses de Luis Arce, actual presidente y miembro del mismo partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Carlos Romero, exministro y miembro del equipo legal de Morales, criticó a los magistrados de la Sala Cuarta del TCP, Gonzalo Hurtado e Iván Espada, señalando que estos mismos jueces previamente emitieron decisiones favorables a figuras como Manfred Reyes Villa y Branko Marinkovic. Según Romero, la nueva sentencia modifica arbitrariamente la Constitución al introducir la figura de “reelección discontinua”, la cual, asegura, no está prevista en la Constitución Política del Estado (CPE) ni fue tratada en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “Es una grosería”, sentenció Romero, calificando a la Sala Cuarta como “la más corrupta en la historia judicial de Bolivia”.
El Auto Constitucional 0083/2024-ECA, emitido por el TCP, detalla que las autoridades electas en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrán ejercer únicamente dos mandatos, sean estos continuos o discontinuos, y descarta la posibilidad de una tercera postulación. Esta medida, según el documento, busca evitar la prolongación de un mismo mandatario en el poder más allá de diez años en el Ejecutivo y Legislativo, doce años en el Judicial y un mandato único en el Órgano Electoral.
El diputado Freddy López, miembro del ala evismo del MAS, acusó al Gobierno de Luis Arce de estar detrás de esta decisión con el propósito de “perjudicar” a Morales y allanar el camino para una reelección de Arce en 2025. López criticó al TCP, asegurando que su prolongación en funciones es ilegal y que el fallo responde a una supuesta “bronca” de Arce contra Morales. Según López, “este TCP está autoprorrogado y solo obedece las instrucciones del Órgano Ejecutivo”.
Desde otra perspectiva, José Carlos Gutiérrez, diputado de la alianza opositora Creemos, celebró la sentencia del TCP, calificándola como el fin del “caudillismo” en Bolivia y la “muerte política” de Evo Morales. Para Gutiérrez, esta decisión pone fin a la posibilidad de que una misma autoridad se perpetúe en el poder y representa un cambio crucial para evitar la repetición de gobiernos continuos que, en su opinión, han sido perjudiciales para el país.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se pronunció en contra de Morales, celebrando la sentencia como una victoria definitiva de las luchas ciudadanas. A través de un mensaje en la red social X, Camacho recordó el sacrificio del pueblo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando la ciudadanía votó en contra de la reelección indefinida. Camacho consideró que el fallo confirma la inhabilitación de Morales y aseguró que esta decisión impide su regreso al poder, cerrando lo que calificó como el “sueño enfermizo” del exmandatario de retornar a la presidencia.
Deysi Choque, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, también aplaudió la resolución del TCP y subrayó que esta decisión significa el fin de la carrera política de Morales. Choque insistió en que el fallo es independiente y no responde a intereses políticos, por lo que Morales debe aceptar el fin de sus aspiraciones políticas.
En medio de estas reacciones, el fallo del TCP ha marcado un hito en el panorama político boliviano al establecer límites claros en la duración de los mandatos, poniendo fin a las aspiraciones de reelección indefinida y generando un nuevo contexto en el cual líderes políticos deberán ajustar sus estrategias para las elecciones de 2025.
