La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) ha comunicado un paro de 24 horas para el martes 10 de diciembre si el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra no atiende las nueve demandas presentadas por el sector. Estas demandas se centran en la estabilidad laboral, el pago oportuno de salarios y la reversión de despidos considerados «negligencia administrativa».
El conflicto se desató tras el despido de 500 profesionales y trabajadores de la salud, que según Fesirmes, cuentan con la documentación requerida, como la libreta de servicio militar, pese a los argumentos del Municipio. Este viernes, Fesirmes ha comenzado a cerrar servicios en centros de salud de primer y segundo nivel debido a la falta de personal.
Rocío Rivero, representante de Fesirmes, señaló que los despidos han generado incertidumbre entre el personal, afectando directamente la operatividad de los servicios. La falta de trabajadores podría derivar en la suspensión de turnos y la paralización de hospitales, impactando gravemente a los pacientes. En promedio, una enfermera atiende entre 25 y 40 camas por turno, y un médico especialista consulta entre 25 y 30 pacientes diarios, lo que evidenciaría la magnitud del perjuicio.
Entre las exigencias planteadas por Fesirmes se encuentran:
- Reversión de los despidos. Anulación total de los memorandos que desvinculan al personal.
- Estabilidad laboral. Continuidad de contratos para 2025, con plazo hasta el 20 de diciembre.
- Respeto a derechos laborales. Pago puntual de salarios y condiciones adecuadas de trabajo.
- Acciones legales. Procesos contra funcionarios responsables de negligencia administrativa y abusos de autoridad.
- Medidas de presión. En caso de no recibir respuesta, realizarán movilizaciones y un paro completo desde el 10 de diciembre.
El Municipio, liderado por el alcalde de Santa Cruz, argumenta que los despidos fueron instruidos por la Contraloría debido al incumplimiento de requisitos legales, como la presentación de documentos. Sin embargo, Fesirmes sostiene que esta medida es injustificada y afecta a personal esencial para el funcionamiento de los centros de salud.
El plazo para atender las demandas vence este lunes 9 de diciembre. Si no se logra un acuerdo, los servicios de salud enfrentarán interrupciones significativas, afectando a la población que depende de atención médica constante.
Esta situación pone de relieve la necesidad de garantizar estabilidad y recursos en un sector crítico como el de la salud pública, donde los conflictos laborales repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía.
