El presidente Luis Arce acusó al sector agroindustrial de Santa Cruz, al que aludió como los “cambitas”, de ser responsable de la reciente escalada en los precios de productos básicos de la canasta familiar. La declaración se produjo durante un acto público realizado el pasado 4 de diciembre en El Alto, donde inauguró la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para los distritos 4, 5 y 13.
En medio de los saludos posteriores al evento, una ciudadana expresó su malestar: “¡Hermano Arce! ¡Que baje pues arroz y aceite, porque has hecho subir mucho!”. Otros asistentes se sumaron al reclamo, señalando que el costo de vida se ha elevado. Ante estas demandas, el mandatario afirmó: “Otra vez, como en 2007 y 2008, los cambitas nos están jugando sucio”, en referencia al sector agroindustrial cruceño.
Las palabras de Arce evocaron los conflictos entre el gobierno de Evo Morales, en el que él desempeñaba un rol clave, y los sectores agroindustriales entre 2007 y 2008. En ese periodo, las tensiones giraron en torno a reformas agrarias, la redacción de una nueva Constitución y restricciones a la exportación de aceites vegetales, con el fin de estabilizar los precios en el mercado interno. Estas medidas provocaron enfrentamientos con empresarios como Branco Marinkovic, entonces líder destacado en el sector oleaginoso.
El debate sobre los precios de los alimentos se ha trasladado al ámbito legislativo con el proyecto de Ley Financial 2025, que incluye medidas estrictas de control, fiscalización y posibles confiscaciones para garantizar el abastecimiento y evitar el encarecimiento artificial de productos esenciales.
El proyecto contempla que los actores de la cadena productiva deban declarar su información de producción, transformación y comercialización bajo el principio de confidencialidad. Estas medidas, según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, buscan combatir el agio y la especulación, respondiendo a una demanda ciudadana. “Le hemos aclarado a la CAO que no es algo dirigido contra los productores o intermediarios, sino contra aquellos malos operadores”, destacó el ministro.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y otras entidades del sector han expresado su rechazo a cualquier intención gubernamental de confiscación de productos. Insisten en que las medidas podrían perjudicar a los productores y desincentivar la inversión.
El debate sobre el proyecto de presupuesto 2025 continúa pendiente en la Asamblea Legislativa. Montenegro ha sido convocado para aclarar dudas y viabilizar su tratamiento, mientras las declaraciones de Arce y las tensiones con Santa Cruz vuelven a situar al agro como un eje clave en el panorama político y económico del país.
