El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, dirigió una contundente carta al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales si no se convoca a un debate legislativo para tratar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025. Cuéllar señaló que omitir este proceso podría ser considerado un incumplimiento de funciones, derivando en sanciones legales para los parlamentarios implicados.
En su misiva, Cuéllar instó a Yujra a convocar las sesiones necesarias para abordar el PGE antes del receso legislativo de fin de año, subrayando que la Constitución Política del Estado (CPE) establece un plazo de 60 días para su validación en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no se cumple este trámite, el presupuesto se considerará aprobado automáticamente, una situación que el rector calificó como una falta de técnica jurídica y un atropello a los procesos legislativos.
El rector también criticó las disposiciones transitorias incluidas en el proyecto del PGE 2025, acusando al Gobierno de utilizarlas para modificar leyes ordinarias y especiales ajenas al presupuesto anual. Según Cuéllar, estas disposiciones violan el marco constitucional y constituyen un acto «arbitrario e inconstitucional».
En particular, el líder de Cambio 25 y aspirante a la presidencia del país pidió la exclusión de artículos que afectan leyes como la institucionalización del Banco Central de Bolivia, regulada por la Ley Orgánica N° 1670. Asimismo, rechazó la disposición adicional séptima, que propone otorgar al Gobierno facultades para «controlar, fiscalizar, confiscar o decomisar alimentos y productos en casos de alzas arbitrarias de precios». Cuéllar y sectores agropecuarios, industriales y exportadores consideran que esta medida amenaza la seguridad jurídica, viola el derecho a la propiedad privada y perjudica al sector productivo nacional.
El proyecto de PGE 2025 presentado por el Gobierno prevé una inversión pública de $us 4.024 millones y una expansión económica del 3,51%. Sin embargo, economistas han alertado sobre el incremento del gasto público en sueldos y salarios, que sube en Bs 51.895 millones. Desde la oposición, también se ha señalado que estas modificaciones normativas, incluidas en el PGE, carecen de respaldo técnico y contradicen las leyes vigentes.
Cuéllar denunció que, si el presupuesto se aprueba de manera automática por falta de debate legislativo, también se validarían las disposiciones transitorias que alteran leyes ordinarias, lo que calificó de “proceder irresponsable y carente de fundamento jurídico”.
El rector finalizó su carta enfatizando la necesidad de resolver problemáticas que afectan al sistema productivo y a la población en general. Entre estas, mencionó el abastecimiento oportuno de combustibles como gasolina y diésel, fundamentales para la producción y el transporte, así como la liberación de exportaciones de alimentos. También hizo un llamado a proteger las tierras productivas de avasallamientos, sugiriendo que estas acciones sean consideradas como actos de terrorismo, dada su gravedad e impacto en la seguridad alimentaria.
