El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra informó, a través de un comunicado, que la Sala Constitucional Tercera falló a favor de los transportistas en relación a la tarifa provisional del pasaje en el área urbana. Este fallo podría abrir la puerta para un posible incremento en las tarifas del transporte público.
El miércoles, durante una audiencia virtual, los vocales Juan José Subieta y David Valda concedieron tutela a la acción de cumplimiento presentada por la Federación de Transportistas (Fedectrans) y el Sindicato 6 de Noviembre. Según el comunicado, esta decisión fue tomada sin la presencia de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, que debía presentar un informe técnico sobre el tema.
El Concejo Municipal criticó la resolución, calificándola como “irregular” y señalando que permite al Órgano Ejecutivo ser juez y parte en el asunto. “El Ejecutivo debía realizar un estudio técnico de costos, necesario para que el Concejo delibere sobre las tarifas, según lo establece la Ley Autonómica Municipal 1216 y su reglamento”, subrayó el comunicado.
El tema de las tarifas del transporte público ha sido recurrente en la agenda pública del municipio desde hace varios meses. Desde febrero de 2024, los transportistas han insistido en ajustar los costos del pasaje debido a factores como el aumento en los precios de productos básicos, la escasez de divisas y combustibles, que impactaron directamente en la economía de los dueños de los vehículos.
En el último trimestre de 2024, se instalaron mesas técnicas, se realizaron inspecciones a las unidades de transporte, así como marchas, protestas y cercos al Concejo Municipal. Todo esto para buscar la ratificación de las tarifas provisionales: Bs 2 para adultos, Bs 1 para universitarios y Bs 0,50 para escolares.
El Legislativo Municipal reiteró en múltiples ocasiones la necesidad de contar con un estudio técnico de costos antes de modificar las tarifas, manteniendo que sin este documento no era posible justificar ningún ajuste. Además, lamentaron que la situación haya tenido que resolverse en instancias judiciales, cuando, según ellos, lo correcto era que el Ejecutivo presentara los documentos necesarios para definir las tarifas conforme a las competencias municipales.
A pesar de la reciente resolución judicial, el conflicto en torno a las tarifas del transporte público sigue generando debate. Los transportistas han dejado claro que no cederán en su intención de ajustar las tarifas, mientras que el Concejo Municipal insiste en la importancia de una base técnica y legal que sustente cualquier modificación.
