Este miércoles 15 de enero marca el “plazo fatal” para que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe la ley de redistribución de escaños, una norma clave para la realización de las elecciones generales programadas para agosto de 2025. Así lo han advertido los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre ellos Tahuichi Tahuichi, quien expresó su preocupación sobre las posibles consecuencias si no se llega a aprobar la ley en el plazo estipulado.
Según Tahuichi, la situación podría complicarse considerablemente si la norma no es sancionada, ya que se pondría en riesgo la ejecución de los comicios, dado que cualquier ciudadano que considere que sus derechos han sido vulnerados podría presentar impugnaciones ante la justicia. Esta advertencia subraya la importancia de cumplir con el plazo para evitar problemas legales y administrativos que puedan retrasar o incluso detener el proceso electoral.
En este contexto, la ley de redistribución de escaños es crucial, ya que, según la propuesta, Santa Cruz ganaría un escaño, mientras que Chuquisaca perdería uno. Si no se aprueba la ley, el TSE se vería obligado a convocar elecciones bajo la normativa anterior, que no refleja los resultados del Censo 2024 y mantiene la distribución actual, que data del Censo 2012.
Tahuichi destacó que, si la ley no es aprobada, el riesgo potencial es que la elección presidencial se vea detenida por la interposición de recursos de amparo constitucional por parte de los ciudadanos, en especial los más de tres millones de cruceños que podrían cuestionar la legitimidad de la elección. Este escenario pondría en peligro el proceso electoral en su totalidad.
Por su parte, el vocal Gustavo Ávila explicó que, si no se aprueba la ley de redistribución, el TSE tendría que organizar las elecciones utilizando los datos del Censo 2012. Esto implicaría que la distribución de escaños no reflejaría los cambios demográficos más recientes, lo que afectaría a Santa Cruz al no ganar el escaño que le corresponde según el Censo 2024.
El equipo técnico del TSE ha señalado que se necesita un plazo de tres meses para planificar adecuadamente los comicios de 2025, basados en los datos del nuevo Censo. Por ello, la aprobación urgente de la ley de redistribución se considera fundamental para que el Órgano Electoral pueda realizar sus preparativos en tiempo y forma.
Mientras tanto, en el Senado, se convocó a una sesión para este miércoles a las 09:30, en la que se espera que se trate el tema de la redistribución de escaños. La oposición ha anunciado su intención de pedir la dispensación de trámite, lo que permitiría que el proyecto de ley sea discutido directamente por el pleno sin pasar por las comisiones previas. En contraste, el MAS ha manifestado su disposición a votar para que el proyecto siga su curso legal y sea primero debatido en comisión. Esta división podría retrasar aún más el avance de la ley, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento del plazo fatal y la estabilidad del proceso electoral.
