Un empresario, propietario de una casa de cambio en la ciudad de La Paz, ha denunciado que no solo fue víctima de un violento asalto perpetrado por delincuentes colombianos, sino que también sufrió una grave extorsión y robo a manos de los propios policías que debían investigar su caso. La suma total de sus pérdidas asciende a más de 1,6 millones de bolivianos en dos hechos distintos, lo que ha generado indignación y preocupación en la opinión pública.
De acuerdo con el abogado de la víctima, Manolo Rojas, el primer hecho delictivo ocurrió en diciembre de 2024, cuando cuatro ciudadanos colombianos interceptaron al empresario y, bajo amenazas con armas de fuego, lo despojaron de una suma superior a 1.000.000 de bolivianos en plena capital paceña. Tras el asalto, el afectado acudió de inmediato a la Policía para denunciar el crimen y solicitar una investigación.
Lejos de recibir ayuda, el empresario se convirtió en víctima de una nueva agresión, esta vez por parte de quienes tenían el deber de brindarle protección. Cuatro efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), le exigieron el pago de 30.000 dólares para iniciar las investigaciones y, de lo contrario, le advirtieron que «se olvide del dinero» robado.
Sin embargo, la extorsión no terminó ahí. Según la denuncia, los mismos policías ingresaron a la casa de cambio de la víctima con el pretexto de revisar las cámaras de seguridad y aprovecharon la ocasión para sustraer una suma adicional de 600.000 bolivianos. «Llenaron sus mochilas con el dinero y se fueron», relató indignado el abogado del empresario.
Ante la gravedad del caso, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, informó que ya se ha abierto una investigación penal en contra de los cuatro efectivos policiales implicados en los delitos de extorsión y robo agravado.
Por su parte, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, anunció que los uniformados involucrados en este hecho serán dados de baja en caso de comprobarse su responsabilidad en los delitos denunciados.
