Para este lunes 10 de febrero, diversos sectores sociales y económicos del país han confirmado la realización de un paro nacional en protesta contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que establece el decomiso de productos. La medida ha generado un amplio rechazo, especialmente entre gremiales y transportistas, quienes exigen la derogación inmediata de esta normativa.
A pocas horas del inicio de la protesta, el presidente Luis Arce se pronunció al respecto, criticando duramente a los sectores que promueven la movilización. Durante su participación en los actos conmemorativos por el grito libertario de Oruro, el mandatario señaló que existen actores políticos que buscan desestabilizar su gestión mediante bloqueos y actos que calificó como sabotaje económico.
“Algunos actores políticos dirigen todos sus ataques a través de bloqueos injustificados y sabotaje, que lo único que logra es destruir los bolsillos de la gente”, afirmó Arce, señalando que estas acciones solo perjudican la economía de los ciudadanos. Además, sostuvo que su gobierno ha estado resistiendo múltiples intentos de frenar el avance de leyes económicas y sociales que, según él, están orientadas a resolver los problemas del pueblo.
El presidente también denunció un “artero intento” de paralizar la ejecución de obras públicas que benefician a la población. Según Arce, esto se está llevando a cabo a través de una ley que inviabiliza el presupuesto de la actual gestión, afectando directamente a los proyectos en curso.
Pese a las declaraciones del presidente, los sectores movilizados han dejado claro que la protesta de este lunes no incluirá bloqueos en las vías principales. El dirigente gremial Edgar Álvarez explicó que el paro será movilizado, con marchas y cierres de actividades en diversas regiones del país.
“Las empresas van a parar sus actividades, van a cerrar por 24 horas. Entonces, los mercados van a estar trabajando. Si bien no va a estar la totalidad de socios porque vamos a estar movilizados, pero vamos a estar trabajando. De la misma manera, las carreteras van a estar expedidas”, precisó Álvarez.
El Gobierno, por su parte, ha reiterado que no puede derogar la disposición sobre decomisos, alegando que no se trata de una falta de voluntad política, sino de una normativa establecida dentro del PGE que requiere un tratamiento más amplio.
