La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció que actualmente hay 1.600 millones de dólares bloqueados en la Asamblea Legislativa debido a lo que calificó como “un capricho político”. Según la autoridad, esta paralización de recursos está afectando la economía nacional y obstaculizando la capacidad del Gobierno para garantizar el suministro de combustibles.
Alcón instó a la población y a las instituciones a ejercer presión sobre el órgano legislativo con el fin de destrabar estos fondos, argumentando que su liberación es clave para aliviar la situación económica del país. La autoridad gubernamental enfatizó que, a pesar de las dificultades financieras, el Ejecutivo continúa cumpliendo con sus compromisos, incluyendo el pago de la deuda externa y la gestión de medidas para mantener la estabilidad macroeconómica.
Uno de los principales problemas señalados por la viceministra es la caída en la producción de gas y petróleo desde 2014, una crisis que ha obligado a Bolivia a incrementar sus importaciones de combustibles en los últimos años. Explicó que la falta de inversión en exploración y explotación hidrocarburífera ha profundizado la dependencia del país de proveedores externos, generando una presión adicional sobre las finanzas públicas.
En ese sentido, Alcón expuso cifras preocupantes sobre el gasto en importaciones de carburantes. “En 2019, Bolivia destinó 1.500 millones de dólares a la compra de diésel y gasolina. Sin embargo, en 2024, esa cifra se elevó a 3.300 millones de dólares, lo que representa más del doble”, afirmó.
Ante este panorama, la viceministra reiteró la necesidad de destrabar los recursos bloqueados en la Asamblea Legislativa para garantizar la estabilidad económica del país y evitar mayores dificultades en el abastecimiento de combustibles. Su pronunciamiento refleja la creciente preocupación del Gobierno respecto al impacto de las decisiones legislativas en la situación financiera nacional.
