Las principales autoridades del Órgano Judicial de Bolivia han declarado una emergencia presupuestaria, señalando que la crisis financiera que atraviesan pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema de justicia en el país. La decisión fue tomada por unanimidad por las tres instituciones que conforman el Órgano Judicial: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
En conferencia de prensa, los presidentes de estas entidades anunciaron que abandonaron la reunión de la Comisión creada por la Ley 898, debido a la falta de respuestas concretas respecto a su exigencia de un incremento en el presupuesto.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales, enfatizó que la independencia judicial y el presupuesto son temas inseparables. “El primer punto a abordar ha sido la independencia judicial, pero también es imperioso tratar el tema del presupuesto”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, reveló que el presupuesto asignado es Bs 140 millones menor que en gestiones anteriores, lo que pone en riesgo la operatividad del sistema. “No podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que garantice el funcionamiento del Órgano Judicial”, declaró Saucedo, agregando que insistirán en el reconocimiento de la emergencia presupuestaria por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, reiteró que el presupuesto judicial debería representar al menos el 3% del Presupuesto General del Estado (PGE), como establece la normativa. Sin embargo, actualmente no llega ni al 1%, lo que genera problemas de iliquidez y compromete la atención a la ciudadanía.
Ante esta situación, las autoridades judiciales informaron que no participarán en futuras reuniones de la Comisión 898, pues consideran que su ciclo ha terminado y que se necesitan nuevas estrategias para reformar el sistema judicial de manera efectiva.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, ya había advertido sobre esta crisis a inicios de año, cuando reveló que el Órgano Judicial enfrenta un desfase financiero de Bs 149 millones, lo que ha generado múltiples problemas operativos.
Entre las principales consecuencias de la crisis presupuestaria se encuentran:
- Falta de personal y cese de contratos desde el 31 de diciembre de 2024.
- Retrasos en la creación de nuevos juzgados.
- Dificultades para contratar jueces y funcionarios especializados.
- Largas filas y demoras en la atención al público debido a la falta de recursos.
Saucedo explicó que la única solución inmediata pasa por una asignación extraordinaria de recursos por parte del Ministerio de Economía, además de la elaboración de un proyecto de ley que garantice un financiamiento sostenible para la justicia boliviana.
En 2022 y 2023, un grupo de diez abogados de prestigio promovió una reforma parcial de la Constitución, con el objetivo de garantizar que al menos el 3% del presupuesto anual se destine al Órgano Judicial de manera permanente. Sin embargo, la propuesta no logró reunir las firmas necesarias, y el Gobierno no avanzó en una reforma estructural del sistema judicial.
La crisis de financiamiento ha impedido avances significativos en modernización y digitalización de la justicia, lo que afecta directamente el acceso a la misma para la ciudadanía.
Incluso, en 2022, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, Diego García Sayán, advirtió que “la justicia en Bolivia está lejos de la gente” y que construir un sistema judicial independiente y accesible sigue siendo un desafío fundamental.
La declaración de emergencia presupuestaria por parte del Órgano Judicial deja en evidencia la grave crisis financiera y operativa que enfrenta la justicia boliviana. Con un presupuesto insuficiente y asignaciones retrasadas, las autoridades judiciales alertan que sin recursos adecuados, cualquier intento de reforma será inviable.
