La crisis energética que atraviesa Bolivia sigue generando repercusiones y tensiones entre el Gobierno y el sector empresarial. En medio de crecientes preocupaciones por el abastecimiento de combustibles, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, salió al frente este martes para asegurar que no existe un desabastecimiento total, aunque reconoció que la distribución de combustible se ha visto afectada.
«No es que no haya combustible, solo que disminuyó el abastecimiento normal», afirmó Novillo, buscando calmar la incertidumbre en la población. Sin embargo, sus declaraciones no evitaron las críticas, especialmente luego de que acusara al empresariado cruceño de querer debilitar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al promover la libre importación de combustibles sin regulación estatal.
El ministro también defendió la aprobación de créditos internacionales como una solución para mejorar la liquidez del país y asegurar el abastecimiento de carburantes. Explicó que estos préstamos generarían un flujo de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB), lo que permitiría pagar deudas y, eventualmente, comprar más combustible para estabilizar el suministro.
«Muchos intentan confundir a la ciudadanía diciendo que los créditos no están destinados a la compra de combustibles. Eso es falso. No están específicamente para eso, pero generan disponibilidad de dólares que pueden usarse para este fin», explicó Novillo, respondiendo a cuestionamientos sobre el destino de estos fondos.
En ese sentido, criticó el bloqueo de estos créditos en la Asamblea Legislativa, advirtiendo que la negativa de ciertos sectores políticos a aprobar estos recursos está afectando gravemente la economía del país.
«Otros países como Chile, Perú y Ecuador reciben dólares por créditos internacionales. Aquí, en cambio, se los bloquea con fines políticos, generando estrangulamiento económico y afectando a la población», enfatizó el ministro.
Novillo también apuntó directamente contra el sector empresarial cruceño, al que acusó de buscar el debilitamiento de YPFB a través de propuestas que, según él, pondrían en riesgo la soberanía energética del país. Entre las iniciativas que rechazó se encuentran la liberación de las importaciones de combustibles y la eliminación de la franja de precios regulados.
«Nos están diciendo, de manera disimulada, que privaticemos el negocio de los hidrocarburos y eliminemos a YPFB. Lo que quieren es que el Estado abandone su rol en la compra, exploración y explotación de hidrocarburos para que el sector privado se apropie del negocio», declaró.
Asimismo, defendió la nacionalización del gas como un pilar fundamental para el mantenimiento del subsidio a los combustibles, un beneficio que, según él, ha favorecido tanto a la ciudadanía como a los sectores productivos.
«Durante años, los empresarios han recibido diésel subvencionado para sus actividades y han logrado exportar sus productos con costos reducidos gracias a este beneficio», agregó, sugiriendo que la postura empresarial es contradictoria, ya que han sido beneficiarios directos del actual modelo energético.
Desde el Gobierno, se insiste en que cualquier cambio en el modelo de gestión de los hidrocarburos podría generar un impacto negativo en los precios del combustible y en la estabilidad económica del país.
«Si se entrega el negocio del combustible al sector privado, ¿qué garantías hay de que mantendrán precios accesibles? ¿O que priorizarán el abastecimiento interno en lugar de sus propias ganancias?», cuestionó el ministro.
Las declaraciones de Novillo no tardaron en recibir una respuesta por parte de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), que rechazó las acusaciones del Gobierno y responsabilizó al Estado por la crisis de abastecimiento.
«No se puede seguir trasladando la responsabilidad a otros actores cuando la falta de gobernabilidad es una constante», señaló la organización empresarial en un comunicado.
Cainco también advirtió sobre los riesgos de depender exclusivamente de la importación de combustibles financiada con deuda externa, calificando esta estrategia como una mera postergación del problema en lugar de una solución estructural.
Finalmente, la institución reiteró su demanda de permitir la libre importación de combustibles con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno y reducir la presión sobre la economía nacional, una postura que choca frontalmente con la visión gubernamental sobre el control estatal en el sector energético.
