El Ministerio de Justicia de Bolivia ha logrado la anulación de una sentencia de seis años de detención en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz) para un adolescente de 16 años, de iniciales O. J. D. O., quien había sido condenado por el abuso y asesinato de su hijastra de tan solo un año y tres meses, en la ciudadela del Plan 3.000, en la capital cruceña. Esta anulación fue posible gracias a una Acción Constitucional de Libertad presentada por el Ministerio, que ahora busca una pena mayor para el menor infractor.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huancani, informó que la sentencia de seis años ha sido anulada y que el siguiente paso será una nueva valoración de los elementos jurídicos presentados. Este proceso tiene como objetivo la emisión de una nueva sentencia que considere la gravedad de los crímenes cometidos por el adolescente. Huancani destacó que el Ministerio de Justicia está comprometido con la lucha contra los crímenes atroces contra la niñez y, en este caso, busca que el infanticida y violador reciba una condena acorde a la magnitud de su delito.
El crimen ocurrió el 3 de marzo en el barrio Guapurú del Distrito Municipal 8, en el Plan 3.000, cuando la madre de la menor, Gina O. Z., de 24 años, llevó a su hija sin vida a un centro médico, alegando que un accidente había provocado la muerte de la niña al aplastarla mientras la amamantaba. Sin embargo, la autopsia reveló que la menor había sido víctima de abuso sexual y que su muerte fue causada por múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax.
Tras conocerse los resultados de la autopsia, la Policía aprehendió a la madre de la niña, Gina O. Z., quien fue imputada por infanticidio y enviada a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por 180 días. Posteriormente, se capturó al adolescente O. J. D. O., quien, en un procedimiento abreviado, admitió haber asesinado a su hijastra.
El Ministerio de Justicia apeló la sentencia de seis años, señalando que la legislación boliviana no refleja los estándares internacionales en cuanto a la protección de los derechos de la niñez. La viceministra Huancani expresó que, aunque el Código Niño, Niña y Adolescente establece que la pena máxima para menores de 16 años es de seis años, en este caso se deben priorizar los estándares internacionales que exigen penas acordes con la gravedad de los crímenes cometidos. La autoridad enfatizó que la juez encargada del caso debería haber considerado estos estándares, ya que la niña víctima del crimen se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema, sin poder defenderse ni expresarse.
