La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum al Gobierno de Luis Arce, exigiendo la destitución de los titulares de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) y del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. La organización transportista determinó un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo cumpla con esta demanda, advirtiendo con medidas de presión en caso de no recibir una respuesta favorable.
El ejecutivo de la Confederación de Choferes, Lucio Gómez, expresó la molestia del sector y advirtió que, de no cumplirse las destituciones exigidas, los transportistas no serán responsables de las consecuencias que puedan derivarse de su protesta, insinuando la posibilidad de un paro general indefinido.
«No destituye a estas personas que ha determinado el último ampliado nacional, no vamos a ser responsables de lo que verdaderamente puede pasar, un paro general indefinido, un paro de 72 horas que eso no los vamos a anunciar por situaciones de seguridad», señaló Gómez en conferencia de prensa.
El gremio también exigió que el Gobierno explique el estado actual de las carreteras y brinde una solución definitiva al problema de abastecimiento de combustibles, que sigue afectando a los transportistas en distintas regiones del país.
Los choferes identificaron como principales responsables de la crisis del transporte a Armin Dorgathen, presidente de YPFB; Marcel Claure, titular de la ABC; Mario Alberto Sapiencia, director de la EEC-GNV; y Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor.
Sobre este último, Gómez criticó su gestión y lo acusó de minimizar la problemática que enfrentan los transportistas: “Pedimos el retiro de Silva porque para él todo está bien hecho y ni siquiera ha controlado el precio de los repuestos y otros”, denunció.
Respecto a Sapiencia, el dirigente aseguró que su destitución es necesaria debido a la falta de cilindros en los diferentes departamentos del país para la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV), lo que ha generado serios perjuicios a los conductores que buscan realizar esta transición energética.
El ultimátum de los choferes se suma a la creciente presión que enfrenta el Gobierno por la crisis del transporte, marcada por el deterioro de las carreteras, la escasez de combustible y los problemas con la conversión a GNV.
