La Dirección General de Migración confirmó la expulsión de 20 ciudadanos extranjeros vinculados a la autodenominada Nación Kailasa, un grupo que intentó asentarse en comunidades indígenas de Bolivia con presuntos fines religiosos y económicos. La directora de Migración, Katherine Calderón, informó que los foráneos ingresaron al país como turistas, pero su verdadero objetivo era establecerse en el territorio cayubaba, en el departamento de Beni, y obtener tierras mediante convenios con comunidades indígenas.
Las intervenciones de Migración comenzaron en el municipio de Exaltación, donde se identificó a los tres primeros miembros de Kailasa. Posteriormente, en Santa Cruz, se llevó a cabo un operativo en una vivienda de la zona central, donde se encontraron a 17 extranjeros más. Todos fueron notificados y obligados a salir del país entre el sábado y el domingo.
Según Calderón, los expulsados provenían de diversas nacionalidades, incluyendo China, India, Suecia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Portugal. Algunos habían ingresado a Bolivia en noviembre de 2024, mientras que la mayoría llegó en enero de este año.
Durante una conferencia de prensa, la directora de Migración denunció que los miembros de Kailasa intentaron engañar a los pueblos indígenas con una falsa religión y aprovechándose de la buena fe de los dirigentes comunales. “Buscaban obtener documentos firmados por autoridades indígenas para su beneficio, atentando contra los derechos colectivos de estas comunidades”, explicó.
Ante la decisión del Gobierno de expulsarlos, los representantes legales del grupo intentaron frenar la medida mediante una acción de libertad, pero la justicia boliviana falló a favor del Estado. “El Juzgado Cuarto de Sentencia de Santa Cruz denegó la tutela y ratificó que Migración actuó conforme a derecho”, confirmó Calderón.
La Nación Kailasa generó controversia en Bolivia tras la revelación de que había firmado convenios de arrendamiento por mil años con al menos tres territorios indígenas: cayubaba, esse ejja y baure. Estos acuerdos, según se descubrió, fueron firmados sin consulta previa con las comunidades afectadas y contenían irregularidades, como espacios en blanco que podían ser rellenados posteriormente.
En Exaltación, la comunidad reaccionó con indignación al enterarse de estos convenios y exigió explicaciones a los extranjeros involucrados. En paralelo, el caso también alcanzó a territorios guaraníes, donde se encontraron documentos relacionados con Kailasa en revisión por parte de un consorcio jurídico.
Además, el alcalde de Exaltación denunció haber recibido amenazas telefónicas tras exponer públicamente el caso, lo que ha generado preocupación entre las autoridades locales.
En medio de la polémica, una imagen circuló en redes sociales mostrando al presidente Luis Arce junto a una representante de Kailasa. Ante las especulaciones, Calderón aclaró que la fotografía fue tomada en un acto público y que no implica ningún tipo de relación entre el Gobierno boliviano y el grupo extranjero.
El caso sigue en investigación, mientras las autoridades indígenas y gubernamentales revisan los documentos firmados por la Nación Kailasa en Bolivia.
