En una sesión parlamentaria llevada a cabo este jueves, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates entre los candidatos a la Presidencia en las próximas elecciones generales. La norma, que ahora pasará a la Cámara de Senadores para su revisión y posible sanción, contempla sanciones económicas y restricciones publicitarias para aquellos postulantes que incumplan con la disposición.
El documento aprobado modifica el artículo 137 de la Ley de Régimen Electoral y estipula que los candidatos que no participen en los debates serán sancionados con el retiro inmediato de la pauta publicitaria en medios de comunicación y plataformas de difusión masiva. Asimismo, la sanción económica equivaldrá al costo total de la transmisión del debate electoral, y el procedimiento de aplicación de estas penalidades será reglamentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El proyecto de ley forma parte de un paquete de cinco propuestas legislativas enviadas por el TSE al Parlamento, dentro de las cuales se destacan dos iniciativas clave: una referida al respeto del principio de preclusión y otra que busca incluir a las autoridades electorales en la Ley 044, que regula el juzgamiento de altas autoridades del Estado.
De acuerdo con el contenido de la norma, los debates electorales deberán realizarse hasta 15 días antes de la fecha de los comicios y contarán con la participación presencial de los candidatos. En caso de que se produzca una segunda vuelta electoral, los dos postulantes con mayor votación estarán obligados a participar en un nuevo debate dentro de los 10 días previos a la elección definitiva.
Además, el alcance de esta disposición no se limita únicamente a las elecciones presidenciales, ya que el proyecto también establece la obligatoriedad de los debates en los comicios subnacionales. Esto implica que los candidatos a gobernadores y alcaldes deberán exponer sus propuestas en debates organizados por el Órgano Electoral Plurinacional. Para la implementación de esta normativa, el TSE dispondrá de un plazo de 60 días después de la promulgación de la ley, periodo en el cual deberá elaborar y aprobar el reglamento correspondiente.
La aprobación de este proyecto ha generado reacciones divididas en el ámbito político. Desde el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), se han manifestado en contra de la medida. La diputada Fanny Mamani, representante de este sector, calificó la norma como una imposición externa y aseguró que había sido “concertada con el imperio”. La resistencia del evismo a la realización de debates no es nueva, pues en anteriores elecciones el expresidente Evo Morales evitó participar en estos espacios, argumentando que prefería debatir “con el pueblo” en lugar de hacerlo con otros candidatos.
