El Gobierno nacional ha desestimado que las seis demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), relacionadas con la participación indígena en elecciones y con normas electorales, tengan efectos sobre los comicios generales previstos para este año. Paralelamente, el Ejecutivo expresó su respaldo técnico y legal al proyecto de ley de paridad de género, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, el cual busca garantizar la inclusión de mujeres en el binomio presidencial.
El ministro de Justicia, César Siles, explicó que cualquier fallo del TCP sobre la inconstitucionalidad de normas electorales, especialmente las referidas a la participación indígena, no podría aplicarse en el actual proceso electoral. Esto se debe a que el calendario electoral ya ha sido aprobado, bajo el principio jurídico de preclusión, que impide retrocesos o modificaciones en etapas ya concluidas del proceso.
“En el escenario de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional este artículo, primero que tiene que cumplir plazos, trámites y demás; segundo, lo más importante, esa declaración de inconstitucionalidad va a regir para venideras elecciones, nunca para estas”, precisó Siles en una conferencia de prensa.
Según detalló la autoridad, tres de las seis demandas anunciadas ya han sido formalmente presentadas ante el TCP. Entre ellas se encuentran las del diputado oficialista Israel Huaytari, la del exmagistrado Gualberto Cusi, y la del propio Tribunal Supremo Electoral (TSE). Tanto Cusi como el TSE centran sus observaciones en la participación directa de los pueblos indígenas en las elecciones generales.
Pese a que Huaytari pertenece a las filas del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo no solicitará el retiro de su acción ante el TCP. En lugar de eso, el Gobierno ha optado por reforzar su apoyo al proyecto legislativo que propone la paridad de género en las fórmulas presidenciales, enfatizando que su aprobación queda ahora en manos del poder legislativo.
“Este proyecto tiene el criterio legal y técnico favorable del Ejecutivo para que continúe su tratamiento legislativo. Dependerá de las diferentes fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria… el aprobar esta norma que está en trámite legislativo”, declaró Siles, recordando además que la propuesta surge de un acuerdo multipartidario e interinstitucional.
Por otro lado, los sectores indígenas que impulsan estas demandas exigen el derecho a participar de manera directa en los comicios nacionales, sin depender de la intermediación de partidos políticos. Esta solicitud, sin embargo, choca con lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas, la cual solo permite la participación directa de los pueblos indígenas en elecciones subnacionales, tal como estipula la Constitución Política del Estado (CPE).
A pesar de ello, representantes indígenas han presentado dos cartas ante el TSE solicitando su habilitación directa para las elecciones generales de agosto. No obstante, los vocales del ente electoral se encuentran limitados por la normativa vigente, la cual les impide aceptar esa forma de participación en el ámbito nacional.
