El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió un firme pronunciamiento respecto al desarrollo de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de 2025, advirtiendo que se iniciarán acciones legales contra aquellos jueces y vocales que, mediante sus decisiones, atenten contra el normal desarrollo del proceso electoral.
Durante una entrevista con el medio UNITEL, Saucedo fue enfático al señalar que ningún juez ni vocal puede inmiscuirse o intervenir en los recursos económicos que ya han sido erogados para garantizar la ejecución del calendario electoral. “No puede un vocal o juez inmiscuirse en recursos que están siendo erogados para el desarrollo del calendario electoral”, expresó con firmeza, remarcando la gravedad que implica obstaculizar un proceso tan sensible para el país.
Asimismo, el titular del TSJ se refirió al instructivo recientemente emitido por la máxima instancia judicial, el cual establece de forma clara los lineamientos que deben seguir todas las autoridades jurisdiccionales del país. Dicho documento advierte que cualquier acto que ponga en riesgo la realización de las elecciones representa también un perjuicio económico al Estado, al comprometer los fondos públicos ya destinados para esta labor.
“Incumplir el instructivo con los lineamientos que estamos dando va a generar que desarrollemos acciones legales contra jueces y vocales que incumplan lo que se está determinando”, declaró Saucedo, dejando claro que no se tolerarán acciones individuales que desestabilicen el proceso democrático.
El instructivo del TSJ subraya que Bolivia atraviesa una “profunda crisis institucional”, por lo cual se hace imperativa la adopción de “decisiones concretas” para evitar un posible “caos constitucional”. En este sentido, se exhorta a todas las autoridades judiciales a actuar con responsabilidad y compromiso ante un contexto tan delicado.
Saucedo también recordó el sacrificio histórico que ha significado la construcción democrática del país. En sus palabras, “los derechos colectivos no pueden estar sometidos a caprichos individuales”, y enfatizó que la democracia boliviana ha sido conquistada tras décadas de lucha, sufrimiento y sangre derramada, lo que le otorga un valor incalculable que debe ser protegido.
El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades judiciales a demostrar un “compromiso firme con la democracia”, considerando que el Estado boliviano ya ha realizado una “erogación significativa” de recursos para garantizar que las elecciones del próximo 17 de agosto se desarrollen sin contratiempos.
