La sorpresiva y polémica liberación del ciudadano colombiano Leonardo R. C., considerado “altamente peligroso” por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ha generado una fuerte reacción institucional en el Órgano Judicial de Bolivia. Las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura han decidido activar mecanismos de fiscalización interna y auditoría judicial, con el fin de esclarecer el proceder de los jueces que otorgaron medidas sustitutivas al imputado, actualmente prófugo.
Leonardo R. C. enfrentaba cargos por delitos de robo agravado, organización criminal, asesinato y lesiones graves con arma de fuego. A pesar de la gravedad de las acusaciones, los jueces Carlos Moreira y Anahí Añez autorizaron su liberación. Según información proporcionada por la Felcc de Santa Cruz, esta decisión se tomó apenas 24 horas antes de la audiencia de juicio oral, a la cual el sindicado nunca se presentó. Desde entonces, se desconoce su paradero.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, confirmó que el caso ya fue puesto a conocimiento de la Unidad de Transparencia de esa institución. “Ayer (miércoles) se ha informado a la Unidad de Transparencia del TSJ. Ellos ya han comenzado a requerir la información correspondiente de todos los jueces y vocales involucrados en este proceso”, declaró Saucedo en una conferencia de prensa ofrecida este jueves.
En paralelo, el Consejo de la Magistratura también tomó acciones. La entidad ordenó remitir los expedientes relacionados con el caso y realizar auditorías judiciales a los actuados de los jueces responsables. “Se está haciendo la revisión correspondiente. A través del control y fiscalización, se ha dispuesto el análisis completo de lo ocurrido. Ya se está trabajando en eso”, añadió Saucedo.
Hasta el momento, no se ha anunciado ninguna sanción directa contra los funcionarios judiciales implicados. Las autoridades del Órgano Judicial aguardan los resultados de las investigaciones para determinar si hubo irregularidades o faltas disciplinarias. “No podemos adelantar ningún criterio sin los informes de la Unidad de Transparencia y del Consejo de la Magistratura. Solo con base en esos elementos se tomarán acciones legales”, enfatizó la máxima autoridad judicial del país.
La liberación de un acusado de delitos violentos sin custodia y en vísperas de un juicio ha generado indignación en la ciudadanía y cuestionamientos hacia la administración de justicia. Diversos sectores advierten que decisiones de este tipo comprometen seriamente la seguridad pública y debilitan la confianza de la población en el sistema judicial.
Por su parte, el director departamental de la Felcc en Santa Cruz, Gustavo Astilla, calificó al colombiano como una amenaza latente. “Nuestro personal está ejecutando tareas de inteligencia para dar con su paradero. Este sujeto es altamente peligroso y tiene antecedentes graves por delitos cometidos con arma de fuego”, advirtió.
