El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, anunció este miércoles el inicio formal de una investigación disciplinaria contra la jueza Lilian Moreno Cuéllar, quien recientemente dictó un fallo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. La decisión judicial se enmarca en el proceso que investiga a Morales por presunto delito de trata y tráfico de personas con agravantes, un caso que ha generado una alta carga política y mediática.
Baptista fue enfático al señalar que la institución actuará con firmeza en este caso. “El Consejo de la Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, declaró ante los medios de comunicación.
La investigación surge tras el polémico fallo emitido por Moreno Cuéllar, jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz, quien además de anular la orden de aprehensión, dispuso paralizar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Tarija y ordenó trasladar el caso a Cochabamba, departamento considerado como bastión político y sindical del exmandatario.
Uno de los aspectos más delicados que motivan la revisión del caso es el posible conflicto de intereses, ya que Lilian Moreno Cuéllar ocupó cargos de confianza en el gobierno de Evo Morales entre 2012 y 2016. Se desempeñó como jefa jurídica y gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Santa Cruz, además de haber ocupado una jefatura en la empresa estatal ENFE antes de asumir como jueza de sentencia, cargo al que accedió poco antes de la renuncia de Morales en 2019.
El fallo en favor del exmandatario se basó en una “nota de queja” presentada por su defensa legal, que fue atendida por la magistrada sin una audiencia contradictoria previa. Esta acción ha sido ampliamente criticada por actores políticos y judiciales que consideran que se ha vulnerado el debido proceso y que la resolución responde a intereses particulares.
La decisión de la jueza Lilian Moreno ha desatado una nueva ola de cuestionamientos hacia la independencia del sistema judicial boliviano, ya marcado por denuncias de parcialidad, presiones políticas y uso discrecional de la ley. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y otras autoridades del Órgano Judicial también han expresado su desacuerdo con el fallo y han anticipado un seguimiento exhaustivo del caso.
Baptista, por su parte, insistió en que el proceso de investigación será riguroso, sin vulnerar la independencia judicial. “La información donde una juez habría cometido tal vez un acto observable va a ser revisada”, enfatizó.
