Las investigaciones de la Policía Boliviana y el Ministerio Público en Santa Cruz revelaron detalles inquietantes sobre el asesinato del ciudadano venezolano Javier Alfonso Saavedra, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta el pasado jueves 16 de mayo, en la zona del Urubó, cerca del río Piraí. Lo más impactante del caso es que la familia del extranjero, residente en Venezuela, habría sido advertida con antelación sobre la posible tortura y asesinato del joven de 32 años.
Saavedra fue encontrado maniatado y sin documentos de identidad, lo que inicialmente dificultó su identificación. El rescate de su cadáver fue realizado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) con apoyo de bomberos, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue de la Pampa de la Isla. Fue gracias a sus tatuajes distintivos —entre ellos la frase “nacidos para vencer” en su brazo izquierdo, el año “1992” en su mano y los nombres Aarón, Magalí y Alfonso— que sus familiares pudieron reconocerlo desde el extranjero.
Lo que ha llamado profundamente la atención de las autoridades es que ese mismo jueves, antes de que el cuerpo fuera oficialmente identificado, la familia de Saavedra ya tenía conocimiento de su asesinato. Recibieron mensajes a través de terceras personas que confirmaban su muerte en Bolivia. Tras conocer la noticia en medios nacionales, los parientes se comunicaron con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para colaborar con información relevante, lo cual fue clave para avanzar en la investigación.
Uno de los puntos centrales del caso gira en torno a la expareja del fallecido, quien se presentó en la morgue para reclamar el cuerpo. Según información proporcionada por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, la mujer fue aprehendida tras ser acusada de ocultar información relevante y por presuntos vínculos con la organización criminal internacional Tren de Aragua. En su teléfono celular se habrían encontrado elementos que la relacionan con dicha red delictiva.
Zeballos confirmó que ya se han formalizado imputaciones y que la mujer será sometida a una audiencia de medidas cautelares en las próximas horas. Está acusada por los delitos de encubrimiento y organización criminal. “Estamos siguiendo todos los procedimientos legales para esclarecer la verdad histórica del hecho. No se descarta que el caso esté relacionado con una red delictiva estructurada”, declaró.
Por su parte, el director de la Felcc, Gustavo Astilla, indicó que la víctima había ingresado legalmente a Bolivia por la frontera de San Matías, y que su identificación fue posible tres días después del hallazgo. Astilla señaló que, desde el levantamiento del cuerpo, se han desplegado operativos tanto dentro como fuera de Santa Cruz, en coordinación con la Fiscalía, y que nuevas evidencias podrían confirmar o descartar las hipótesis actuales.
