Una auditoría interna a la Unidad de Recursos Humanos de la Caja Petrolera de Salud (CPS) regional Santa Cruz destapó una presunta red de corrupción que operaba al interior de la institución, provocando un daño económico estimado de al menos un millón de bolivianos. Según el comunicado oficial de la CPS, esta investigación permitió identificar pagos irregulares a ítems fantasmas, venta ilegal de cargos, adulteración de planillas salariales y el desembolso de sueldos a personas inexistentes.
El operativo, que contó con la presencia de una comisión especial llegada desde La Paz, reveló la existencia de una red delincuencial compuesta por funcionarios de la propia institución. Estos empleados habrían participado en la comercialización de ítems y en la elaboración de planillas manipuladas, lo que derivó en pagos indebidos de salarios, beneficios por suplencias, vacaciones y otros conceptos a terceros no acreditados.
El director ejecutivo de la CPS, Javier García, confirmó que las irregularidades datan desde el año 2020 y que los primeros indicios apuntan a por lo menos dos personas que habrían cobrado sueldos de ítems fantasmas. La intervención también determinó la existencia de entre 30 y 40 ítems irregulares por gestión, aunque esta cifra podría aumentar conforme avancen las investigaciones.
“La auditoría encontró planillas adulteradas desde 2020. Nos llamó profundamente la atención la presencia de irregularidades justamente en la oficina de Recursos Humanos. Hay varios indicios de que se han generado ítems fantasma y pagos irregulares”, señaló García.
Como parte de las acciones inmediatas, la Policía allanó las oficinas de la CPS en Santa Cruz e incautó documentos, equipos de computación y planillas salariales. Dos funcionarios de Recursos Humanos fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales, mientras la Oficina de Asesoría Legal confirmó que estos empleados eran responsables directos de las planillas observadas.
El abogado de uno de los acusados se presentó en la unidad policial alegando que su defendido actuó bajo órdenes superiores y que simplemente se limitaba a llenar formularios de acuerdo con instrucciones recibidas. Asimismo, denunció que el allanamiento fue realizado sin la debida orden fiscal.
La CPS, por su parte, anunció la activación de nuevos mecanismos de control y el inicio de auditorías más profundas para evitar que estos hechos se repitan. También se comprometió a colaborar con el Ministerio Público y las fuerzas del orden para el esclarecimiento total del caso y la identificación de todos los implicados en este esquema de corrupción interna.
