En una conferencia de prensa cargada de tensión y severas acusaciones, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, lanzó una dura advertencia contra los sectores movilizados vinculados al expresidente Evo Morales, a quienes acusó de intentar sabotear el proceso electoral previsto para el 17 de agosto y de promover actos violentos, entre ellos bloqueos y el uso de explosivos para desestabilizar el país.
Ríos confirmó que un contingente policial fue emboscado en la carretera Cochabamba-Oruro, específicamente en el sector de Bombeo, donde 13 efectivos resultaron heridos durante los enfrentamientos. Además, se reportó el secuestro de una mujer policía y la incautación de más de 40.000 detonantes en distintos puntos del país. “Esta manifestación no tiene fines pacíficos. Se está intentando imponer una candidatura por encima de la ley. No lo vamos a permitir”, expresó el ministro, en clara alusión al líder del MAS.
Durante la jornada, Cochabamba se convirtió en epicentro de los disturbios con al menos 20 puntos de bloqueo registrados. Ríos calificó al departamento como “rehén” de los sectores movilizados, y denunció que los ataques a la Policía fueron sistemáticos, con uso de explosivos, piedras y petardos lanzados desde puntos elevados, lo que agravó la situación de los uniformados desplegados en la zona.
En paralelo, el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Juan Ruso Sandobal, presentó un informe detallado sobre cuatro operativos de incautación de material explosivo, donde se decomisaron 765 cartuchos de dinamita, 41.100 fulminantes y 520 metros de mecha lenta, los cuales, según la investigación, estaban siendo transportados clandestinamente hacia las zonas en conflicto.
Uno de los decomisos más alarmantes tuvo lugar en la Terminal Metropolitana de El Alto, donde se sorprendió a un individuo transportando 20.000 fulminantes en un bus interdepartamental. Otros operativos similares se realizaron en rutas hacia Potosí, Tupiza y La Paz, lo que refuerza la hipótesis de la Policía sobre una posible red de distribución de explosivos entre los sectores movilizados.
Además, el gobierno denunció ataques a instalaciones estratégicas en Cochabamba y la obstrucción intencionada de vías, utilizando grandes rocas desprendidas mediante cargas detonantes, lo que según las autoridades constituye un claro intento de desestabilización.
Ante el incremento de la violencia, el ministro Ríos no descartó una intervención de las Fuerzas Armadas, señalando que el Gobierno se encuentra en coordinación permanente con el Ministerio de Defensa: “Las Fuerzas Armadas están listas para actuar si es necesario”, advirtió.
Hasta el momento, 15 personas han sido arrestadas o aprehendidas en Cochabamba, muchas de ellas relacionadas con el secuestro de la mujer policía. El ministro aseguró que estos actos no quedarán impunes y remarcó que la violencia responde a intereses políticos particulares: “Esta violencia no es espontánea. Está dirigida y responde a intereses personales. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien se cree con el derecho eterno de ser candidato”, dijo, haciendo referencia directa a Evo Morales.
Finalmente, Ríos hizo un llamado a los sectores movilizados para que “no se dejen engañar” y reiteró el compromiso del Ejecutivo con el orden constitucional y la realización de las elecciones del 17 de agosto. “El voto es un derecho del pueblo, y no permitiremos que se lo arrebate nadie”, concluyó el ministro.
