La investigación por el asesinato del coronel Juan Javier Soliz Cáceres, comandante del Regimiento Manchego – Satinadores de la Selva, dio un giro decisivo este martes con la aprehensión del suboficial Bismar G. I., miembro activo de las Fuerzas Armadas. El operativo se desarrolló en la ciudad de Montero, donde el oficial fue arrestado en medio de crecientes sospechas sobre su vinculación con el crimen que sacudió a la institución militar.
Durante el allanamiento a su habitación, los investigadores hallaron una importante suma de dinero oculta dentro de un colchón, así como armamento no autorizado, lo que refuerza la hipótesis de un móvil económico detrás del asesinato. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, el suboficial tenía funciones de cajero del regimiento y debía resguardar esos fondos en las cajas fuertes de la unidad militar, no en su habitación.
“Evidentemente, se ha encontrado una suma de dinero en su colchón, la cual debería haber estado en una de las dos cajas fuertes que tenía el regimiento”, explicó Aguilera, al dejar entrever un posible manejo irregular de recursos dentro de la unidad militar.
Además del hallazgo del dinero, se revelaron otros elementos clave. El suboficial posee formación como francotirador y fue vinculado con la elaboración de cuatro panfletos anónimos que fueron dejados en inmediaciones de la guardia del regimiento. Estos mensajes contenían amenazas directas y hacían referencia a operaciones militares en el Chapare, advirtiendo: “No se siga operando en el Chapare o de nuevo enviaremos más gente”. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que los panfletos fueron lanzados mediante un dron, lo cual eleva el nivel de planificación detrás del hecho.
El asesinato del coronel Soliz ocurrió la noche del viernes pasado, cuando fue baleado en la cabeza mientras se dirigía a su domicilio. Según el informe forense, la víctima fue impactada por un proyectil calibre 9 milímetros, y las pruebas balísticas ahora intentan determinar si el arma usada pertenece al suboficial aprehendido o si se trata de un tercer implicado.
De acuerdo con Aguilera, una discusión por fondos no rendidos, específicamente tras el pago de la Renta Dignidad, podría haber sido el detonante del conflicto. Aunque no se ha confirmado que Bismar G. I. sea el autor material del disparo, su conducta sospechosa, la presencia de armamento ilegal en su habitación y los panfletos amenazantes fueron razones suficientes para su aprehensión, bajo cargos preliminares de encubrimiento y almacenamiento ilícito de armas. Así lo confirmó también el fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
El caso continúa siendo investigado con el apoyo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que lleva a cabo pruebas científicas, entre ellas absorción atómica, para verificar la presencia de residuos de pólvora en el sospechoso. Llamativamente, Bismar G. I. habría intentado justificar un posible resultado positivo alegando que “mató una nutria en el camino a Santa Rosa”, lo cual fue desmentido por sus superiores y acompañantes.
El viceministro Aguilera también señaló que el contenido de los panfletos podría formar parte de un intento de desinformación o distracción, dado su carácter anónimo y la forma en que fueron distribuidos.
Por el momento, no se descarta la participación de más uniformados en este caso, y se espera que en las próximas horas el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público presenten un informe oficial detallado con nuevos avances y posibles órdenes de aprehensión.
