El Pacto de Unidad, integrado por organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales, emitió el pasado 14 de junio un instructivo en el que dispone una “pausa humanitaria” en los bloqueos de caminos que sostenían desde hace más de dos semanas, particularmente en la región de Cochabamba. La medida se toma, según el documento, con la finalidad de atender necesidades urgentes de la población y en respeto al duelo por muertes registradas durante las movilizaciones. No obstante, las protestas no cesarán completamente, ya que el instructivo también establece que continuarán las marchas y cacerolazos en las ciudades capitales en rechazo al actual Gobierno.
En el comunicado, firmado en La Paz, las organizaciones responsabilizan directamente al Ejecutivo por lo que consideran una “quiebra económica” que afecta gravemente al país. Denuncian que las protestas sociales —que exigen respuestas ante la crisis de combustibles, la falta de dólares, medicamentos y alimentos— han sido respondidas con una “represión brutal” por parte de las fuerzas del orden, supuestamente bajo órdenes del presidente Luis Arce.
Uno de los aspectos más duros del pronunciamiento es la declaración de duelo nacional por las muertes ocurridas en las localidades de Llallagua (Potosí) y Arque (Cochabamba). Las organizaciones denuncian que en esos hechos se habría utilizado armamento letal contra manifestantes, lo que ha motivado la exigencia de una investigación internacional e independiente sobre los episodios de violencia.
“El gobierno de Luis Arce ha instruido represión militar y policial con armamento nunca antes visto”, afirma el instructivo, que también demanda la liberación de lo que denominan “presos políticos”, entre ellos dirigentes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB).
Además, el Pacto de Unidad exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) abstenerse de aprobar nuevos créditos internacionales, argumentando que solo endeudan más al país. Asimismo, llama a redoblar la presión mediante movilizaciones en defensa de los recursos naturales estratégicos, como el litio y los hidrocarburos, que consideran están siendo mal administrados o negociados sin transparencia.
En el documento también se lanzan duras acusaciones contra el mandatario. Las organizaciones lo califican de “incapaz, hambreador y asesino del pueblo”, y advierten que no cesarán las movilizaciones urbanas hasta que Arce renuncie a la presidencia.
El instructivo denuncia además la supuesta rearticulación de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, a quienes acusan de coordinarse con instancias del Gobierno para perpetrar atentados contra sedes sindicales y organizaciones políticas. En esa línea, responsabilizan a funcionarios públicos por la creación de “nuevas milicias” y citan como ejemplo el atentado sufrido por la activista Wilma Alanoca en la ciudad de El Alto.
