Pocos minutos después de que el presidente Luis Arce posesionara a Jessica Saravia como nueva ministra de Justicia, en reemplazo de César Siles, se accedió a un documento clave emitido por el Ministerio Público. Se trata de una resolución que confirma la ampliación de la investigación penal contra el exministro Siles y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yvan Córdova, en el marco del polémico fallo que pretendía destituir a la magistrada electa por el departamento de La Paz, Fanny Coaquira.
El documento, firmado por los tres fiscales en comisión que llevan adelante el caso, fue dirigido a la autoridad judicial competente. En él se especifica que se ha dispuesto formalmente la inclusión de Siles y Córdova en calidad de investigados. “Señora juez tengo a bien informar a vuestra autoridad que se ha dispuesto la ampliación de las investigaciones contra los siguientes ciudadanos: Yvan Noel Córdova Castillo, César Adalid Siles Bazán”, se lee en el texto.
Según el Ministerio Público, los delitos que se indagan en este caso son: tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de justicia y falsificación de sellos, papel sellado y timbres oficiales, lo que agrava el contexto legal de los implicados.
El origen de la investigación está vinculado al fallo emitido por el juez del municipio de Coroico, Lea Plaza, mediante el cual se instruía que Fanny Coaquira entregue sus credenciales como magistrada electa del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con el fin de que su suplente asuma funciones. Este dictamen fue ampliamente cuestionado por juristas e instituciones que vieron en la medida una vulneración al mandato democrático de las autoridades judiciales electas.
A esta situación se sumó, en las últimas horas, la filtración de un audio que compromete aún más al exministro Siles. En la grabación, presuntamente obtenida sin su consentimiento, se lo escucha dialogando con un juez y, según las denuncias, direccionando la emisión del fallo que buscaba apartar a Coaquira. Ante esto, el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un pronunciamiento público en el que calificó la acción como una “intromisión” en el Órgano Judicial, acusando a Siles de impulsar un “golpe al sistema judicial y a la democracia”.
César Siles, por su parte, negó que la grabación sea prueba de alguna irregularidad y denunció que el audio fue manipulado. A pesar de ello, el sábado —cuando aún no se había hecho pública la filtración— anunció su renuncia al cargo de ministro de Justicia, argumentando que su decisión se debía a la intención de no afectar la gestión gubernamental ni interferir en el camino hacia las elecciones generales.
