El Ministerio Público del departamento de La Paz emitió una orden de aprehensión en contra del exministro de Justicia, César Siles, quien ha sido vinculado al denominado “caso Consorcio”, una investigación que destapó una presunta red de manipulación en el sistema judicial boliviano.
La medida fue anunciada oficialmente por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien informó que la comisión de fiscales encargada del caso determinó la elaboración de una resolución de aprehensión y el correspondiente mandamiento judicial contra Siles. La orden se produce una semana después de que estallara el escándalo judicial, y tras fuertes señalamientos que lo involucran directamente en una supuesta operación para destituir a la magistrada electa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
De acuerdo con la investigación, Siles habría urdido una denuncia para provocar la salida de Coaquira de su cargo. Su nombre fue mencionado por el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, en su declaración ampliatoria ante el Ministerio Público. Según el juez, Siles lo presionó para suspender a la magistrada Coaquira, bajo amenaza de perder su propio cargo si no acataba la instrucción. Lea Plaza también implicó en su testimonio al magistrado suplente Iván Campero, a la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, y al expresidente del TDJ paceño, Yván Córdova.
El escándalo se intensificó el pasado fin de semana cuando se conoció que al menos seis personas ya se encuentran detenidas por su presunta participación en esta red judicial. Siles había presentado su renuncia dos días antes de que se hiciera público el caso, argumentando que su decisión se debía a la circulación de rumores que, según él, debían ser aclarados. No obstante, su dimisión fue interpretada por muchos como una señal de crisis interna en el Ministerio de Justicia y derivó en una serie de detenciones e indagaciones más profundas.
Por otro lado, el fiscal general Mariaca se pronunció también sobre las observaciones a la documentación presentada por Fanny Coaquira durante el proceso de preselección de candidatos al TSJ. En conferencia de prensa, afirmó que la veracidad o falsedad de dichos documentos no es responsabilidad del Ministerio Público, sino de las comisiones legislativas encargadas de filtrar y verificar la documentación de los postulantes.
“Ellos fueron el filtro para revisar la documentación que presentó cada candidato… ese filtro era la Asamblea Legislativa a través de sus comisiones conformadas para verificar la documentación que presentaron. Allá ellos si realizaron o no bien su trabajo, ese es un tema que no le incumbe al Ministerio Público”, sostuvo Mariaca, enfatizando que su rol se limita a la investigación penal y no a la validación de candidaturas.
Mariaca, quien arribó este miércoles al país, defendió la legitimidad de la elección de Coaquira y recordó que él mismo fue sometido a un proceso de evaluación y selección similar por parte del Legislativo. Resaltó que Coaquira fue electa por el voto popular en el departamento de La Paz y que su victoria en las urnas le otorgó legitimidad.
“Esta persona que se dice afectada ha sido electa por el departamento de La Paz, las personas han ido a votar por ella y ha ganado limpiamente en las urnas”, concluyó el fiscal general, subrayando que el respaldo ciudadano a la magistrada no debe ser puesto en duda por acusaciones no fundamentadas.
