La reciente aprobación de tres nuevos créditos internacionales por un total de 410 millones de dólares en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha generado un respiro financiero para el Gobierno nacional. No obstante, la decisión ha reavivado un debate dentro del órgano legislativo sobre la necesidad urgente de transparentar el uso de los recursos externos que se han acumulado a lo largo de la gestión del presidente Luis Arce, que ya ascienden a más de 4.000 millones de dólares en 39 créditos aprobados.
El miércoles pasado, la Cámara de Senadores aprobó un préstamo de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a enfrentar emergencias derivadas de desastres naturales y crisis de salud pública. De manera paralela, la Cámara de Diputados avaló otros dos créditos: uno por 50 millones de dólares del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), orientado al Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos en Unidades Educativas, y otro por 110 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado al Programa Nacional de Puentes – Mi Puente.
Aunque estas leyes aún deben ser aprobadas por el pleno de la Asamblea para que los recursos puedan ser desembolsados y ejecutados por el Ejecutivo, diversos legisladores han expresado su preocupación respecto a la falta de control sobre el destino final de los recursos. En particular, objetan que los créditos continúen siendo utilizados como recursos de “libre disponibilidad”, sin un seguimiento riguroso del cumplimiento de los fines establecidos al momento de su aprobación.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Aldo Terrazas, denunció que el Ejecutivo ha incurrido en prácticas irregulares al destinar los recursos a finalidades diferentes a las inicialmente planteadas. “Se han aprobado créditos para el COVID, por ejemplo, ocho que superan los 1.880 millones de dólares, pero cuando se presentan a rendir cuentas en el hemiciclo, solo se justifican 1.550 millones”, advirtió. Terrazas reclamó mayor sinceridad por parte del Gobierno y exigió que si se requieren recursos para la importación de combustibles, el pago del servicio de deuda o las elecciones en el exterior, se lo plantee abiertamente mediante proyectos específicos.
A esta crítica se sumó la diputada de CC, Krupskaya Oña, quien fue enfática al rechazar la naturaleza de “libre disponibilidad” de muchos de los préstamos. “No se puede seguir permitiendo que los créditos vengan con un nombre y propósito y luego sean utilizados con total discrecionalidad. Tiene que haber transparencia, se debe especificar claramente el destino de los fondos”, dijo.
Desde el Senado, también surgieron voces que no solo demandan informes de transparencia, sino que exigen señales de austeridad por parte del Gobierno. Henry Montero, jefe de bancada de Creemos, cuestionó los gastos elevados que aún persisten en el aparato estatal. “¿Seguiremos usando el avión presidencial con un costo de 38 millones de bolivianos? Se destinan 16 millones de bolivianos al Ministerio de Justicia para luchar contra la corrupción. ¿Dónde están los ajustes que se prometieron?”, cuestionó.
Incluso desde filas del Movimiento al Socialismo (MAS) surgieron cuestionamientos. El jefe de bancada, Luis Flores, reconoció que existen gastos que pueden ser recortados. “Solo en festejos del bicentenario se han presupuestado más de 30 millones de dólares, sin que se detalle en qué se van a gastar. Además, en este Gobierno ha aumentado el número de funcionarios públicos”, indicó.
Estas observaciones se suman a alertas previas hechas por el Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC), que en enero señaló que el gasto corriente en el Presupuesto General del Estado 2025 alcanza los Bs 174.235 millones, lo que representa un 58,8% del total, un indicador preocupante para la sostenibilidad fiscal.
A la controversia se suma la reciente declaración del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien informó que el Gobierno requiere 800 millones de dólares para pagar el servicio de deuda. Esta revelación encendió nuevas alertas sobre la salud financiera del Estado. Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, consideró que esta situación refleja una delicada falta de liquidez en divisas, lo cual podría afectar nuevamente la calificación de riesgo país por parte de agencias internacionales como Fitch Ratings. “Se están utilizando créditos para pagar deuda, lo cual es una señal clara de debilidad estructural”, advirtió Romero.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, detalló que la deuda externa asumida mediante los 39 créditos internacionales aprobados durante la administración de Luis Arce alcanza los 4.284 millones de dólares. Esta suma se distribuye de la siguiente manera: siete créditos para el sector salud (1.684 millones de dólares y 100 millones de euros), 15 para obras públicas (1.124,8 millones de dólares), dos para el Censo (140 millones de dólares), cuatro para empleo y reactivación económica (130 millones de dólares y 212 millones de euros), seis para medio ambiente, riego y soberanía alimentaria (983 millones de dólares), y ocho para servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado (655 millones de dólares y 11,5 millones de euros).
