El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia expresó su profunda preocupación mediante un comunicado oficial, luego de que una sala constitucional de Santa Cruz admitiera una acción de cumplimiento presentada por el abogado Carlos Villarroel, que exige la inhabilitación de cinco candidatos presidenciales. La máxima autoridad electoral advirtió que dicha acción ignora la vigencia de una sentencia constitucional que respalda la legalidad de las postulaciones en cuestión.
Según el pronunciamiento emitido por la Sala Plena del TSE, los jueces constitucionales deben tener en cuenta la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0032/2019, que establece claramente que las personas que ocupan cargos electivos no están obligadas a renunciar tres meses antes de postular a otro cargo electivo. Esta restricción solo se mantiene para los servidores públicos designados o de libre nombramiento. “Se hace recuerdo a los jueces constitucionales la vigencia de dicha sentencia”, señala el documento oficial del TSE.
La controversia surgió el pasado 23 de junio, cuando el abogado Villarroel presentó una demanda de inhabilitación contra los candidatos Eva Copa, Manfred Reyes Villa, Johnny Fernández, Andrónico Rodríguez y Rodrigo Paz Pereira, argumentando que estos incumplieron la Constitución Política del Estado (CPE) al no presentar su renuncia a los cargos que actualmente ejercen. En su criterio, esta omisión debería impedir su participación en las elecciones presidenciales.
El artículo 238, parágrafo tercero, de la CPE establece que los servidores públicos que deseen postular a un cargo deben renunciar 90 días antes de la elección. Sin embargo, este requisito fue modificado tras una acción de inconstitucionalidad abstracta planteada en 2019 por la entonces diputada Norma Piérola. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de la Sentencia 0032/2019, resolvió que tal obligación no aplica para quienes ya han sido elegidos por voto popular, permitiéndoles postular sin dejar su cargo.
El TSE informó que esta explicación legal fue presentada ante Villarroel, contextualizando el marco normativo que actualmente respalda la candidatura de autoridades electas. Pese a ello, el abogado optó por insistir con su demanda ante la justicia ordinaria, solicitando la inhabilitación de los mencionados candidatos.
En la actualidad, Eva Copa continúa ejerciendo como alcaldesa de El Alto y postula por el partido Morena; Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, es candidato por la agrupación Súmate; Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz, representa a la alianza Fuerza del Pueblo. En el ámbito legislativo, Andrónico Rodríguez, actual presidente del Senado, es candidato presidencial por Alianza Popular, mientras que Rodrigo Paz Pereira, senador por Tarija, postula por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Lo llamativo de la demanda es que no incluye a otros más de 20 legisladores nacionales, asambleístas departamentales e incluso concejales que también figuran en listas como candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), pese a que tampoco renunciaron a sus actuales funciones.
El TSE, en su comunicado, deja entrever su inquietud ante lo que considera una posible vulneración del orden constitucional y del precedente jurídico establecido. Al insistir en la aplicación del artículo 238 sin considerar la sentencia del TCP, se corre el riesgo —según advierte el ente electoral— de debilitar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso democrático, a pocos meses de la cita electoral nacional.
