El polémico caso conocido como ‘consorcio’, que involucra a altas autoridades de los órganos Ejecutivo y Judicial, ingresó nuevamente en reserva judicial por un periodo adicional de 10 días. Esta medida implica que no se puede acceder al cuaderno de investigaciones ni hacer públicos los avances o diligencias realizadas por fiscales y policías, lo que ha generado preocupación entre las partes involucradas en el proceso, especialmente por la falta de acceso a información por parte de las defensas legales.
La única persona que hasta el momento permanecía detenida en un penal, la exvocal judicial Claudia Castro, fue nuevamente trasladada a un centro médico por motivos de salud. Con esta situación, ningún imputado se encuentra actualmente tras las rejas: varios están bajo detención domiciliaria y otros internados en clínicas privadas, también por razones médicas.
Ante esta situación, la abogada del juez Fernando Lea Plaza —uno de los principales implicados— anunció que interpondrán una acción de libertad para que la defensa técnica pueda acceder a los actuados del caso. “Si bien existe una reserva, también existe prohibición, pero no así para que la defensa tenga conocimiento de lo que se obra dentro del cuaderno de investigación, lo cual se nos está negando. Aún no tenemos acceso al portafolio digital”, cuestionó la jurista.
El caso se remonta al 11 de junio, cuando siete personas —entre ellas figuras de peso en los órganos Judicial y Ejecutivo— fueron aprehendidas y posteriormente cauteladas. Todos son acusados de haber participado en una supuesta estrategia para destituir ilegalmente a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz, Fanny Coaquira, mediante una acción de amparo constitucional. De los ocho imputados, siete ya han comparecido ante un juez, pero en la mayoría de los casos, las medidas cautelares no han implicado encarcelamiento, ya que los implicados se encuentran en clínicas alegando complicaciones de salud.
Claudia Castro, quien era hasta el momento la única acusada con detención preventiva en un centro penitenciario, fue derivada nuevamente a un centro hospitalario. La Dirección de Seguridad Penitenciaria de la Policía confirmó su traslado, aunque no se ha precisado si la exvocal continúa hospitalizada. Su salida del penal marca un punto crítico en el desarrollo del caso, ya que actualmente ninguno de los imputados está en prisión efectiva.
La primera declaratoria de reserva fue emitida el pasado 17 de junio y debía expirar el viernes reciente. Se esperaba que en esa fecha el Ministerio Público presentara un informe detallado sobre los avances en la investigación; sin embargo, eso no ocurrió y se anunció una nueva ampliación del periodo de reserva, que durará otros 10 días.
Durante este tiempo, no se podrá conocer qué acciones realiza el equipo fiscal ni los investigadores designados. Según la abogada defensora, tampoco se actualizan los registros del portal “Justicia Libre” (JL) de la Fiscalía, lo que impide el seguimiento público del caso. Las autoridades han informado que ya han tomado declaración a más de una veintena de personas, pero hasta el momento no se ha hecho pública una relación oficial de estas comparecencias ni de sus contenidos.
