Durante una reunión sostenida este martes en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, el Gobierno informó a un grupo de diputados que alrededor de 2.000 millones de dólares, provenientes de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), fueron depositados en cuentas del intervenido Banco Fassil, sin que hasta la fecha se tenga conocimiento certero sobre el destino de esos recursos. La denuncia fue realizada por la diputada Tatiana Áñez, quien participó del encuentro junto a otras autoridades y legisladores.
“Los datos que nos han dado hoy día nos demuestran, una vez más, que este modelo económico que implementó el Movimiento al Socialismo ha sido una desgracia para todos los bolivianos”, declaró Áñez al concluir la reunión.
Según la diputada, el tema surgió a raíz de una solicitud formal por parte de los legisladores para obtener un informe completo sobre la deuda interna del país. En respuesta, los ministros de Economía, Marcelo Montenegro, y de Planificación, Sergio Cusicanqui, se presentaron ante la comisión parlamentaria y detallaron los antecedentes y procedimientos financieros relacionados con los ahorros de las AFP’s.
Durante la exposición de los ministros, se reveló que los 2.000 millones de dólares fueron depositados en cuentas de ahorro del Banco Fassil, entidad que fue intervenida por el Gobierno el 26 de abril de 2023 tras entrar en una profunda crisis financiera. Desde entonces, no se ha proporcionado información clara sobre el destino de esos fondos ni sobre las acciones específicas adoptadas para su recuperación.
Posteriormente, y tras la intervención del banco, la administración de las jubilaciones pasó a manos de la Gestora Pública, entidad que —según se estipuló— sería la encargada de gestionar y asegurar la recuperación de esos montos. No obstante, persisten las dudas sobre la eficacia y transparencia del proceso, así como el nivel de coordinación con instancias como el Ministerio Público.
“Realmente, esos recursos no sabemos si se van a poder recuperar, no sabemos qué acciones han tomado como Ministerio Público. Lo que sabemos, por los medios de comunicación, es que los directivos que eran responsables y que administraban este banco se han sometido a un proceso y les han dado tres años de pena”, lamentó Áñez.
La parlamentaria opositora criticó duramente la gestión de los recursos de los aportantes y calificó de irresponsable el manejo de estos fondos. Asimismo, anunció que desde la Asamblea Legislativa se continuará haciendo seguimiento al caso, esta vez dirigiendo las solicitudes de información al Ministerio Público para esclarecer qué tipo de investigaciones se han llevado a cabo y si se han identificado responsabilidades penales.
“Esperemos, como parlamentarios, que se tomen medidas contundentes. Vamos a seguir insistiendo, ya esta vez toca solicitarle la información al Ministerio Público para ver qué acciones ha tomado dentro de este proceso o qué responsabilidades encontró”, concluyó.
