La Cámara de Diputados vivió una nueva jornada de caos, tensión y enfrentamientos verbales y físicos en el marco del conflictivo tratamiento del contrato de litio entre el Estado boliviano y una empresa extranjera. Durante la reinstalación de la sesión legislativa en la que se agendó este proyecto de ley, gritos, empujones y hasta el lanzamiento de agua marcaron el ambiente en el hemiciclo.
Los incidentes se desataron cuando el presidente de la Cámara, Omar Yujra, ordenó la lectura del proyecto de ley relacionado con los contratos de explotación de litio. En ese momento, un grupo de diputados —principalmente de las bancadas disidentes del oficialismo y la oposición— se dirigió a la testera de la Asamblea para increpar al ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, quien se encontraba brindando un informe técnico.
En medio de los gritos e insultos, algunos legisladores lanzaron agua contra el ministro, obligando a su equipo de seguridad a desplegar un paraguas para protegerlo mientras continuaba con la lectura. A pesar de la tensión y el ambiente hostil, Gallardo no suspendió su exposición y concluyó su intervención.
El desorden reflejó el profundo rechazo que una parte del Legislativo mantiene respecto al contrato con la empresa extranjera, al que acusan de haber sido negociado sin transparencia y sin respetar los procedimientos de consulta a los pueblos indígenas de la región afectada, especialmente del departamento de Potosí.
Después de los incidentes, varios diputados del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se oponen a la actual conducción del Ejecutivo, expresaron su rechazo al proyecto de ley. Entre ellos, el diputado Santos Mamani fue enfático al señalar que el contrato es inconstitucional, ya que no contempla la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece la Constitución Política del Estado y convenios internacionales suscritos por Bolivia.
“Este proyecto de ley es inconstitucional. Debe realizarse una consulta previa a la población. Debemos ver que este contrato está vulnerando a los pueblos indígenas y a toda la población boliviana. No han consultado a la población afectada, esto es irregular”, denunció Mamani en su intervención.
