Desde el penal de El Abra, en Cochabamba, el excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, envió una carta manuscrita al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en la que denuncia una “vulneración directa y flagrante al principio constitucional del debido proceso”. La misiva exige que se le permita ampliar su declaración en el marco de la investigación sobre la toma militar de la plaza Murillo, ocurrida en junio de 2024.
En el documento, Zúñiga señala que, pese a haber sido citado formalmente por la Fiscalía en tres oportunidades, hasta el momento no se le ha permitido brindar declaración, responsabilizando tanto al Ministerio Público como a Régimen Penitenciario de obstaculizar de manera sistemática el ejercicio de su derecho a la defensa.
“Dicha diligencia fue sistemáticamente impedida por la misma autoridad y Régimen Penitenciario”, escribió el general, apuntando a una intencionalidad dilatoria que, según sostiene, vulnera principios constitucionales.
Zúñiga advierte que esta situación no solo lo perjudica legalmente, sino que pone en evidencia una actuación contraria a los principios de objetividad y legalidad que deben regir la labor del Ministerio Público.
Asimismo, recuerda que el propio fiscal general Mariaca habría autorizado expresamente la toma de su declaración ampliatoria, instrucción que, sin embargo, no ha sido cumplida por los fiscales asignados al caso.
“Se configura una vulneración directa al debido proceso y las garantías mínimas de todo ciudadano”, remarca en su carta, exigiendo que se revoque esa situación y se le permita declarar “conforme al Derecho”.
En su misiva, el excomandante no solo solicita que se lleve a cabo la declaración ampliatoria, sino que también propone una audiencia personal con el fiscal general del Estado, con el objetivo de exponer detalles de fondo sobre su proceso, los cuales —advierte— tienen un fuerte componente político.
“En atención a la gravedad de los hechos y la naturaleza política de las circunstancias que rodean mi proceso”, dice Zúñiga, “solo mediante una audiencia directa se podrá conocer la verdad detrás de esta investigación”.
Zúñiga permanece en detención preventiva desde el 26 de junio de 2024, fecha en que fue arrestado tras su presunta participación en lo que el Gobierno calificó como un intento de golpe de Estado militar. Ese día, tropas blindadas ocuparon la plaza Murillo en un operativo que provocó la alarma nacional e internacional, y que terminó con la aprehensión de varios militares y civiles.
A un año del suceso, el excomandante insiste en que el caso fue “un montaje” y que las acusaciones forman parte de una estrategia política para desacreditarlo. En anteriores declaraciones, Zúñiga sostuvo que fue “utilizado” por el poder político y que el supuesto intento de golpe fue una simulación promovida desde el propio Ejecutivo.
