La investigación sobre el sangriento ataque armado en la localidad de Llallagua, ocurrido recientemente y que dejó como saldo tres policías fallecidos, ha dado un giro revelador. Las indagaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y del Ministerio de Gobierno establecieron que Galo Jorge Chiri, identificado como el presunto francotirador y principal acusado del hecho, sería propietario de una red de carpas solares dedicadas al cultivo ilegal de marihuana en el norte del departamento de Potosí.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló que Chiri no solo habría sido el ejecutor del ataque armado, sino también un narcotraficante con ingresos mensuales que rondaban los 200.000 bolivianos, producto de las plantaciones de marihuana. “El autor del asesinato es, entre comillas, propietario de un número de carpas que le permitían recaudar mensualmente 200.000 bolivianos”, declaró Aguilera en rueda de prensa.
Las autoridades sostienen que las ganancias del narcotráfico podrían haber sido utilizadas para financiar movilizaciones sociales y bloqueos en el altiplano, incluyendo la protesta que derivó en el fatídico enfrentamiento en Llallagua, donde también perdió la vida un civil. Esta línea de investigación abre la posibilidad de que detrás de las manifestaciones se esconda una red criminal organizada con objetivos más amplios que los meramente reivindicativos.
Tras su aprehensión, Chiri fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de Oruro, mientras continúan las investigaciones para desarticular la posible organización criminal en la que estaría implicado. Los investigadores ahora lo vinculan con 63 viveros de marihuana ubicados en la comunidad de Lagunillas, a solo 25 kilómetros de Llallagua, una zona árida pero que habría sido acondicionada tecnológicamente para sostener cultivos intensivos.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que durante un operativo realizado el pasado 14 de junio, la Policía incineró 63 viveros, cada uno de aproximadamente 800 metros cuadrados (20×40 metros). De estos, 20 estaban en etapa de cosecha y 43 en plena producción, lo que evidencia una operación de gran escala y alta rentabilidad. Los cultivos estaban equipados con sistemas de riego, calefacción y otras tecnologías que permitían su desarrollo en condiciones adversas.
La cantidad de droga incinerada en el lugar alcanzó las 14 toneladas con 448 kilogramos de marihuana, lo que representaría, según Ríos, una afectación económica de al menos 2,1 millones de dólares para la organización criminal.
El ministro Ríos también advirtió que se investigan nexos entre los responsables de estos cultivos y actores del trópico de Cochabamba, una región históricamente vinculada con la producción de coca. Asimismo, no se descarta la participación de ciudadanos extranjeros en la estructura criminal que habría operado en Potosí y que ahora está en proceso de desmantelamiento.
“El vínculo con estas actividades ilícitas apunta a que hay conexiones más amplias, que involucran no solo a productores locales, sino también a personas externas al país”, dijo Ríos, subrayando la necesidad de un abordaje integral y coordinado para enfrentar esta amenaza.
