El Ministerio Público de Santa Cruz ejecutó la aprehensión de Eduardo E. G., un hombre de 38 años acusado de integrar una red de abuso y explotación sexual infantil. La detención se produjo tras un allanamiento a su vivienda, donde se descubrieron más de 6.000 archivos con contenido sexual explícito relacionado con menores de edad, entre imágenes y videos distribuidos y almacenados en plataformas digitales, redes sociales y servicios en la nube.
El fiscal departamental, Alberto Zeballos, calificó el hecho como el caso más grave de pedofilia registrado en Bolivia hasta la fecha. “Se ha logrado identificar la participación plena y absoluta de esta persona en la comisión de delitos de abuso y explotación sexual infantil, con más de 6.000 archivos incautados, lo que convierte este en el mayor caso de esta naturaleza registrado en el país”, afirmó.
Durante el operativo, las autoridades encontraron dispositivos electrónicos de almacenamiento, así como ropa interior infantil, elementos que, según la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de la existencia de una red organizada de pedofilia que podría operar tanto en espacios virtuales como físicos. El fiscal Zeballos explicó que “el allanamiento permitió el secuestro de dispositivos electrónicos y ropa interior infantil, elementos que fortalecen la hipótesis de una red de pedofilia y explotación sexual que estaría operando mediante entornos digitales y posiblemente físicos”.
Las primeras investigaciones revelan que el acusado no actuaba solo. Se sospecha que podría formar parte de una red de explotación infantil con posibles ramificaciones en otras regiones del país. Ante esta posibilidad, la Fiscalía ha ampliado las pesquisas y no se descartan nuevas aprehensiones en los próximos días. “Este sujeto operaba en entornos digitales como redes sociales, plataformas en la nube e incluso compartía contenido en canales de difusión”, detalló Zeballos, dejando entrever la magnitud de la operación criminal.
Eduardo E. G. ha sido imputado formalmente por los delitos de abuso sexual, pornografía y explotación sexual infantil con agravantes. En estos momentos, se encuentra en calidad de aprehendido y deberá prestar su declaración ante el Ministerio Público. La Fiscalía prevé solicitar su detención preventiva en la audiencia cautelar, dada la contundencia de las pruebas reunidas y los riesgos procesales existentes.
La gravedad del caso llevó al fiscal Zeballos a lanzar un enérgico llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que apruebe con carácter de urgencia el proyecto de ley para la protección de la integridad sexual en entornos digitales, una iniciativa impulsada por la Fiscalía General del Estado. Este proyecto busca modernizar el marco legal boliviano mediante la tipificación específica de delitos sexuales cometidos por medios digitales y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, detección y sanción.
“Este caso demuestra la urgencia de contar con una normativa moderna que proteja a nuestros niños y niñas de este tipo de criminalidad digital cada vez más frecuente y sofisticada”, advirtió Zeballos.
