La diputada nacional Luisa Nayar formalizó este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra Ruth Nina, dirigente del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), a quien acusa de incurrir en los delitos de instigación pública a delinquir y difusión de mensajes de odio, luego de polémicas declaraciones realizadas durante un acto político en el trópico de Cochabamba.
En el evento, Ruth Nina afirmó que en las próximas elecciones generales el Tribunal Supremo Electoral (TSE) “no contará votos, sino muertos”, en clara alusión a la tensión generada en torno a la candidatura del expresidente Evo Morales. La frase, rápidamente viralizada en redes sociales y medios de comunicación, provocó un fuerte rechazo de distintos sectores, especialmente del bloque legislativo opositor.
“Estamos ante una declaración sumamente grave, absolutamente irresponsable y peligrosa, que no puede quedar impune. Lo que ha hecho la señora Ruth Nina es apología del delito, terrorismo electoral y desinformación, con el único fin de generar zozobra en la ciudadanía”, declaró Nayar ante los medios, al salir de la Fiscalía tras presentar la querella formal.
La diputada del ala opositora exigió que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Supremo Electoral actúen de oficio, advirtiendo que las expresiones de Nina no pueden ser interpretadas como una simple opinión política, ya que constituyen un discurso que incita al odio, al miedo, a la violencia y a la ruptura del orden democrático. “No se puede tolerar que alguien anuncie públicamente que en vez de votos se contarán muertos. Eso es infundir terror a la población. Tiene que ser investigada y sancionada”, enfatizó.
Nayar estuvo acompañada por el abogado Otto Ritter, quien sostuvo que las declaraciones de Nina configuran delitos tipificados en el Código Penal boliviano, tales como instigación pública a delinquir y amenazas, además de contravenir la Ley del Régimen Electoral, específicamente el artículo 238, que sanciona la obstaculización de procesos electorales y la coacción política.
“Es como si alguien dijera que el día de las elecciones habrá una masacre. Es una amenaza directa al proceso democrático”, explicó Ritter, quien también advirtió que la inacción de las instituciones podría generar un precedente peligroso. “Si el Ministerio Público no actúa ahora, mañana otros actores dirán cualquier barbaridad con tal de generar caos. Por eso es fundamental que se investigue y se aplique la ley con firmeza”, subrayó.
Ambos coincidieron en la necesidad de preservar la paz social, la transparencia del proceso electoral y la seguridad jurídica, más aún cuando faltan solo 33 días para las elecciones generales previstas para el 17 de agosto. En ese sentido, llamaron a todos los actores políticos a la responsabilidad y al respeto del marco legal.
Por su parte, Ruth Nina, en contacto con radio Panamericana, defendió sus declaraciones amparándose en el derecho a la libre expresión y aseguró que su discurso representa el sentir de sus bases. “Mis palabras no son personales. Es la voz de las organizaciones sociales que me respaldan. Están dispuestas a morir para defender sus derechos políticos”, afirmó.
Además, Nina denunció que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revirtió un amparo constitucional que le daba luz verde a PAN-Bol para participar en alianza con Evo Morales en las elecciones. El Órgano Electoral había eliminado a PAN-Bol del registro de partidos habilitados debido a que en las elecciones anteriores no logró superar el 3% del total de votos válidos, requisito indispensable para mantener la personería jurídica.
