Ruth Nina, dirigente nacional del disuelto partido PAN-Bol y aliada política del expresidente Evo Morales, salió públicamente a explicar y defender sus controvertidas declaraciones emitidas durante el ampliado del ala evista en Lauca Ñ, Cochabamba. En ese evento político, realizado el pasado fin de semana, Nina afirmó que el próximo 17 de agosto, día de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno, “en vez de contar votos, van a contar muertos”, una frase que generó una oleada de críticas y acciones legales en su contra.
En una entrevista concedida a radio Panamericana, Nina argumentó que su expresión fue una forma legítima de reivindicación política y una advertencia simbólica sobre la exclusión de sectores populares e indígenas del proceso electoral. “¿Dónde está el delito en decir lo que pensamos nosotros, que no estamos de acuerdo como naciones indígenas, como clase popular, que nos vengan a imponer sus candidatos?”, cuestionó, insistiendo en que se trata del ejercicio de su libertad de pensamiento y expresión.
Nina, excandidata presidencial por PAN-Bol, atribuyó el origen de su indignación a la inhabilitación de su partido político, decisión adoptada por el TSE luego de que la organización no alcanzara el mínimo del 3% de votos válidos en las elecciones pasadas, requisito legal para conservar la personería jurídica. Esta circunstancia impidió que Evo Morales, con quien PAN-Bol intentaba aliarse, pudiera usar esa sigla para postular en las elecciones de agosto, lo que ha sido un punto de alta tensión entre el evismo y el órgano electoral.
La dirigente también recordó que su partido interpuso una acción de amparo constitucional, la cual, según indicó, les otorgaba el derecho de participar en los comicios, pero fue revertida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En ese marco, lanzó una frase cargada de dramatismo: “Prefiero que me maten en el derecho constitucional de defender un amparo y el derecho a elegir y ser elegido, que también está amparado en la Constitución Política del Estado”.
Asimismo, exigió que se investigue a los vocales del TSE por no acatar el fallo judicial al que hace referencia. “¿Por qué no se procesa a los vocales del Tribunal Electoral que no quieren cumplir este amparo constitucional?”, preguntó, sugiriendo incluso la detención de las autoridades electorales.
Las declaraciones de Nina han sido duramente cuestionadas desde distintos frentes. La diputada Luisa Nayar, representante de oposición, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz, acusándola de apología del delito, instigación pública a delinquir y difusión de mensajes de odio, advirtiendo que sus palabras siembran miedo y amenazan la seguridad del proceso democrático.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, también se pronunció sobre el caso. “Evidentemente existe un concurso de delitos a partir de estas declaraciones”, señaló, enumerando posibles figuras penales como instigación, delitos electorales y terrorismo. Ríos consideró que este episodio refleja el “verdadero rostro del evismo” y afirmó que aquellos que aún tenían dudas sobre los intereses que representa Evo Morales, ahora tienen claras evidencias.
Ante esta oleada de cuestionamientos, Nina reiteró que sus declaraciones no constituyen delito alguno y que su postura responde al sentir de las organizaciones sociales que la respaldan. “No es de mí, sino de las organizaciones sociales. Exigir que se respete el amparo constitucional no es un delito, es un derecho”, manifestó, deslindando responsabilidad individual y enmarcando su mensaje como una expresión colectiva de protesta.
