El vocero municipal de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, expresó este miércoles su rechazo categórico a la decisión del Tribunal Octavo de Justicia que resolvió extinguir el proceso judicial por el caso del proyecto de Buses de Transporte Rápido (BTR), una obra que quedó inconclusa y que representó un daño económico millonario para el municipio. Montenegro calificó esta determinación como “inaceptable e inexplicable”, advirtiendo que la misma pone en riesgo el resarcimiento de los recursos públicos.
“La sala que conozca esta apelación va a revertir esta aberrante decisión que lo único que hace es poner en riesgo el daño económico que se había establecido ya en este caso. Es un daño económico de arriba de Bs 155 millones. Entonces, apelamos al buen criterio y a la transparencia que tenga la sala”, manifestó el vocero, quien confirmó que la Alcaldía ya interpuso una apelación con la esperanza de que una nueva instancia revierta el fallo.
Montenegro remarcó que la inviabilidad técnica del proyecto BTR fue evidente desde su ejecución, no solo por el cierre innecesario de vías, sino también por el uso ineficiente de los recursos, afectando directamente a los vecinos de la capital cruceña. En ese sentido, cuestionó que el proceso judicial pueda ser cerrado por una estrategia dilatoria.
“No puede ser que hoy, la justicia, porque hay un abogado ‘chicanero’ que va extendiendo el proceso (en alusión al abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa), pretenda pedir una extinción de causa por el tiempo transcurrido”, enfatizó Montenegro, acusando el uso de tácticas legales para prolongar los plazos y generar impunidad.
La autoridad edil subrayó que el municipio exige justicia y sanciones contra los responsables: “No se deje en la impunidad ese asalto que ha habido a las arcas municipales en una obra que lo único que había hecho es malversar recursos del municipio y una obra que, técnicamente, era absolutamente inviable”, declaró.
Montenegro también advirtió que, de confirmarse la extinción del proceso, la Alcaldía considera denunciar a los miembros del Tribunal que emitieron la resolución, además de insistir en que el caso sea reanudado para identificar y sancionar a todos los involucrados.
El proceso judicial por el proyecto de Buses de Transporte Rápido se abrió en 2023, con el objetivo de investigar la responsabilidad de exautoridades en la ejecución de una obra que buscaba facilitar el transporte por el primer anillo de Santa Cruz, pero que nunca se concluyó.
El 18 de septiembre de 2023, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra varias exautoridades, entre ellas Percy Fernández, en su calidad de exalcalde, y Angélica Sosa, exalcaldesa interina, además de otros funcionarios municipales. Según la acusación, el proyecto habría generado un daño económico superior a los 155 millones de bolivianos, además de perjuicios a la población por las obras inconclusas.
