El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó este lunes anular en su totalidad el proceso judicial que se seguía contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por los hechos de violencia ocurridos en septiembre de 2008 en el municipio de Porvenir, que dejaron varios muertos entre campesinos y funcionarios. La Sala Penal del máximo tribunal concluyó que la jurisdicción ordinaria no tenía competencia para procesar a Fernández por hechos sucedidos mientras ejercía el cargo de prefecto.
El magistrado de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, explicó que la decisión implica que los antecedentes del caso sean remitidos al Ministerio Público para que inicie el trámite correspondiente a un juicio de responsabilidades, como establece la normativa vigente para autoridades que ocupaban funciones al momento de los hechos.
“La jurisdicción ordinaria nunca tuvo competencia para procesar a Leopoldo Fernández, ya que el hecho imputado data de 2008, cuando él aún ostentaba el cargo de prefecto”, manifestó Ortega en declaraciones al diario Correo del Sur.
El exgobernador presentó un recurso ante el TSJ argumentando que se había vulnerado su derecho al debido proceso, específicamente la garantía del juez natural. La Sala Penal analizó el caso considerando una sentencia constitucional y criterios de la justicia interamericana, concluyendo que existió una violación grave a sus derechos procesales.
“Evidentemente, se le había vulnerado la garantía del juez natural, por tanto, la Sala Penal procedió a anular el proceso por defecto absoluto no convalidado. Es decir, la violación de la garantía del juez natural se constituye en un defecto procesal absoluto no convalidable”, explicó Ortega a medios televisivos.
El magistrado sostuvo que el principio de igualdad ante la ley debe imperar, incluso cuando se trata de procesar a autoridades que desempeñaban funciones públicas.
Con esta decisión, el proceso que llevaba adelante la justicia ordinaria queda sin efecto, y será la Fiscalía la encargada de iniciar las gestiones para un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que deberá autorizar el procedimiento contra Fernández.
