Los privados de libertad de diferentes penales del país declararon este lunes un estado de emergencia y exigieron al Órgano Judicial una revisión inmediata y general de todas las detenciones preventivas en Bolivia.
La medida surge como respuesta al Instructivo Nº 18/2025 emitido por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romel Saucedo, que dispone la revisión urgente de las medidas cautelares de tres figuras políticas: la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico Marco Pumari.
Los internos cuestionaron que se priorice únicamente a estos casos de alto perfil mediático y político, mientras que miles de reclusos permanecen en prisión preventiva por años sin sentencia.
“No puede haber privados de libertad de primera y segunda clase”, señala el pronunciamiento, que fue dirigido al director nacional de Régimen Penitenciario, Mauricio Romero Catacora, y a la Defensoría del Pueblo.
Según los delegados del penal de Palmasola, más del 63% de los reclusos del país se encuentran en detención preventiva, muchos de ellos con plazos procesales vencidos y con juicios que se han retrasado por más de una década.
El comunicado nacional fue presentado en el penal de Villa Busch, en el departamento de Pando, y denuncia la retardación de justicia como un problema estructural del sistema judicial boliviano.
Los internos calificaron el instructivo del TSJ como un acto selectivo y discriminatorio, que otorga “ventajas especiales a tres personas” en detrimento de la mayoría de privados de libertad.
Los reclusos advirtieron que, en caso de no extenderse el mismo trato de urgencia a todos los internos del país, asumirán nuevas medidas de presión dentro de los recintos penitenciarios.
Asimismo, solicitaron la intervención de organismos internacionales de derechos humanos y anunciaron la preparación de un voto resolutivo para que privados de libertad de otros penales se sumen a la demanda.
