El sistema penitenciario de Bolivia atraviesa una crisis que se intensificó tras la disposición emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que instruyó la revisión de las medidas cautelares de los exmandatarios Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari. Esta decisión provocó un efecto inmediato dentro de los penales, donde los reclusos reaccionaron con protestas al considerar que existe un trato preferencial hacia figuras políticas, mientras miles de detenidos preventivos permanecen olvidados en las cárceles del país.
De acuerdo con datos oficiales, más de 4.500 privados de libertad llevan más de tres años sin sentencia, mientras otros cumplen 4, 5 e incluso 9 años en detención preventiva, sin que sus procesos hayan llegado a una resolución.
El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó que el pronunciamiento del TSJ generó un ambiente de tensión en diferentes recintos penitenciarios. Explicó que actualmente existen alrededor de 11.000 personas con más de un año en detención preventiva, cerca de 7.000 que han superado los dos años, y otros miles que permanecen encarcelados en condiciones que vulneran los plazos establecidos por ley.
Las primeras protestas se registraron en la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) y en el penal de Villa Busch (Pando), donde los internos se declararon en estado de emergencia. A estas manifestaciones se sumaron los reclusos del penal de San Pedro (La Paz), quienes realizaron un mitin para denunciar el abandono judicial y exigir un trato igualitario.
“El reclamo es claro, no puede haber justicia para unos pocos”, remarcó Limpias, quien además recordó que la población penitenciaria preventiva ya alcanza las 18.500 personas, lo que agrava los problemas de hacinamiento que arrastran las cárceles del país.
Ante la presión generada, el Consejo de la Magistratura anunció la implementación de medidas de control en el ámbito judicial. El representante de esta instancia, Carlos Spencer, informó sobre el inicio de fiscalizaciones a los tribunales, la realización de auditorías judiciales en casos de retrasos injustificados y la elaboración de un censo técnico nacional de privados de libertad con más de tres años en detención preventiva.
“La justicia y las leyes son una sola y deben garantizarse para todos los bolivianos”, enfatizó Spencer, subrayando que el sistema judicial debe aplicar los mismos criterios a todos los ciudadanos, sin distinciones.
En paralelo, el TSJ emitió el Instructivo N.º 19/2025, que ordena la realización de jornadas nacionales de verificación de plazos procesales en todos los recintos penitenciarios del país, con el objetivo de identificar irregularidades y agilizar procesos.
La crisis penitenciaria también evidenció la falta de aplicación de alternativas a la detención preventiva. Según denunció Limpias, la ley de grilletes electrónicos, que podría convertirse en una herramienta para descongestionar las cárceles, sigue paralizada en la Asamblea Legislativa, lo que mantiene a miles de personas privadas de libertad en condiciones precarias.
