El procurador general del Estado, Ricardo Condori, reconoció públicamente que Bolivia no está cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales respecto a las investigaciones de los hechos violentos ocurridos en 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral y una fuerte convulsión social.
“De hecho, sí estamos incumpliendo porque los hechos han acontecido en 2019 y ya estamos más de cinco años de una investigación que, si continúa al ritmo actual, corremos el riesgo de incumplir esas recomendaciones. Si el Estado incumple, obviamente, se van a venir severas sanciones”, declaró Condori a medios estatales.
El procurador cuestionó las recientes resoluciones judiciales que dispusieron la salida de la cárcel del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari, quienes ahora enfrentan sus procesos con medidas sustitutivas a la detención preventiva.
“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, advirtió Condori.
En ese sentido, enfatizó que si bien ambos opositores enfrentan sus procesos en libertad, ello no significa que los casos hayan sido anulados o archivados, por lo que aseguró que los juicios seguirán hasta su conclusión.
Condori manifestó que, como representante legal del Estado, agotará todas las instancias y recursos legales disponibles para garantizar que los procesos avancen y que se cumplan las recomendaciones internacionales.
“Nosotros agotaremos a todas las instancias, (acudiremos) a todos los recursos que nos franquea la ley para culminar estos procesos, para no dar marcha atrás y dar cumplimiento a las recomendaciones”, señaló.
El procurador recordó que en 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), conformado con aval internacional, emitió un informe sobre los hechos registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Este informe recomendó 36 medidas, entre ellas:
- La adopción de un plan integral de atención y reparación a las víctimas.
- La investigación seria, exhaustiva y diligente de los hechos.
- El respeto al debido proceso y a los derechos de víctimas, imputados y procesados.
- El juzgamiento y sanción de los responsables de las vulneraciones documentadas.
Condori aseguró que desde que asumió el cargo ha impulsado acciones para acelerar los procesos judiciales vinculados a la crisis de 2019.
Como ejemplo, citó el caso “Golpe de Estado II”, que derivó en la condena a 10 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez. Asimismo, señaló que el proceso “Golpe de Estado I” se encuentra en su etapa final, a una audiencia de distancia de que se dicte sentencia.
También mencionó que existen avances importantes en los casos Senkata y Huayllani, donde se investigan las muertes ocurridas durante los enfrentamientos posteriores a la renuncia de Evo Morales.
