La Comisión de Justicia Plural del Senado debatirá este martes el polémico proyecto de ley que plantea la cesación de funciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la prórroga del mandato constitucional 2020–2025, medida impulsada por el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pedro Benjamín Vargas.
El senador oficialista Miguel Rejas confirmó que la iniciativa ya ingresó a la Comisión de Constitución para su revisión técnica y jurídica, aunque aclaró que no existe un consenso dentro de su bancada respecto a su tratamiento.
“Nos ha llegado el proyecto de ley a la Comisión de Constitución, estamos haciendo el análisis jurídico y técnico. No hay acuerdo ni consenso sobre esta propuesta”, explicó Rejas.
El legislador fue enfático al señalar que el proyecto carece de sustento legal y político:
“Personalmente, este proyecto de ley no tiene pies ni cabeza. Mañana se tratará en la comisión (…) no tenemos un argumento válido para suspender a los vocales. Esta iniciativa no está consensuada; es una propuesta personal del colega Pedro Benjamín (MAS)”, afirmó.
La falta de consenso refleja una división interna en el oficialismo, puesto que la propuesta no fue discutida previamente en las instancias partidarias y fue presentada de manera individual por Vargas.
La iniciativa legislativa, presentada la semana pasada, se denomina “Proyecto de Ley de Aplicación Gubernativa Electoral” y tiene como eje central dos disposiciones:
- La suspensión temporal de los vocales titulares y suplentes del TSE, designados en diciembre de 2019.
- La prórroga del mandato constitucional 2020–2025, que corresponde al actual gobierno de Luis Arce Catacora, hasta la posesión de nuevas autoridades electas en el próximo periodo constitucional.
El planteamiento ha generado controversia, pues significaría alterar el calendario electoral y la institucionalidad del órgano electoral, en un contexto marcado por la cercanía de la segunda vuelta prevista para el 19 de octubre.
El propio presidente Luis Arce ya se pronunció en contra, aclarando que su gobierno no respalda la iniciativa y reafirmando su compromiso con la Constitución Política del Estado y con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La Comisión de Justicia Plural deberá pronunciarse en las próximas horas, aunque desde la bancada oficialista ya se advierte que la propuesta podría ser archivada por carecer de fundamentos sólidos y respaldo político suficiente.
